Hasta el 3 de enero, cuando el periódico inglés The Guardian publicó una nota sobre el creciente fenómeno de la llegada de un gran números de jóvenes mujeres rusas embarazadas, el tema no formaba parte de la agenda pública, ni en la discusión política ni en las conversaciones privadas.
En su nota sobre el turismo de nacimiento hacia Argentina, el citado medio contó la historia de Polina Cherepovitskaya, una mujer rusa que junto con su esposo, abandonaron su tierra apenas se inició la invasión a Ucrania, en vista de la cantidad de puertas que se estaban cerrando para los ciudadanos de su país.
“Descubrí que estaba embarazada poco después de que comenzara la guerra en Ucrania”, expresó Cherepovitskaya. “Cuando vimos que las fronteras comenzaron a cerrarse rápidamente a nuestro alrededor, supimos que teníamos que encontrar un lugar al que pudiéramos viajar fácilmente. Un pasaporte argentino le abrirá muchas puertas a mi hijo”, declaró la mujer a The Guardian.
El aumento de casos y la difusión encendieron las alarmas, y el gobierno comenzó a investigar. La Dirección Nacional de Migraciones comenzó a seguir el rastro de las parturientas, y comenzaron a surgir inconsistencias. En un alto porcentaje no estaban en los domicilios que habían declarado, y en las entrevistas realizadas a las que sí encontraron surgía rápidamente que la finalidad del viaje no era hacer turismo en el país, sino parir a sus hijos con el objetivo de obtener la ciudadanía argentina, tanto para su hijo como para ella y su pareja.
Las averiguaciones llevaron a los investigadores hasta una agencia especializada en «turismo de parto» para mujeres rusas, llamada RuArgentina. En su página web esta empresa publicita un servicio consistente en «preparación y organización del parto, residencia permanente y ciudadanía para los padres». En el aviso se muestra un pingüino (no una cigüeña), y no trayendo un bebé, sino un pasaporte. Todo indica que el objetivo primordial es el de conseguir el documento argentino que permite transitar casi todo el mundo sin dificultades. Es lo opuesto a lo que sucede con el pasaporte ruso, hoy muy restringido por las sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania.
Consultado por el periódico argentino Página 12, el profesor de Derecho Constitucional Ricardo Ramírez Calvo especificó que “siguiendo los mandatos constitucionales, la ley 349 de 1869, establece que el que nace acá, sea hijo de quien sea, es argentino. Tenemos que agradecerles a los constituyentes y a los legisladores la generosidad con la que redactaron las normas. El artículo 20 de la Constitución dice que los extranjeros no están obligados a nacionalizarse, pero que obtienen la nacionalidad residiendo dos años consecutivos. Hay un decreto reglamentario, el 3213/84, que dice que se puede obtener la naturalización, cualquiera sea el tiempo de residencia, si se tiene un hijo argentino nativo”. En resumen, una mujer que da a luz en la Argentina tiene un hijo argentino, eso está claro. Y ella misma puede obtener la nacionalización sin esperar dos años, porque un decreto (solo un decreto) la habilita. Y lo mismo ocurre con el supuesto padre.
De este modo, lo que está ocurriendo es que se aprovecha una base legal pensada para fomentar la inmigración y la radicación permanente de inmigrantes que cualquier lugar del mundo con el sólo fin de obtener el pasaporte nacional (considerado como uno de los más ventajosos del mundo) sin establecerse ni residir en el país. Y todo con el «asesoramiento» de una agencia dirigida por un inmigrante ruso nacionalizado argentino que «explota» estos beneficios legales y apunta un nicho de mercado orienta a las clases acomodadas de Rusia, que son las que pueden pagar por servicios que van desde los 6 mil hasta los 15 mil dólares más los pasajes aéreos.
De acuerdo a la investigación de la Dirección de Migraciones, después del parto la mayoría de las mujeres regresa a Rusia, dejando un poder a un grupo de abogados y éstos llevan adelante el trámite en poco tiempo: unos cinco meses.
La denuncia efectuada por el organismo público en la justicia federal derivó en una investigación que ya está dando sus primeros resultados. Durante el fin de semana pasado hubo allanamientos en las direcciones de las agencias que organizaron el traslado al país, ubicadas en el exclusivo barrio de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires y todo indica que la jueza a cargo de la causa, María Romilda Servini de Cubría, tomará nuevas medidas, por lo que dictó el secreto de sumario, con el objetivo de evitar filtraciones que compliquen la investigación. La jueza busca determinar si hay otros jueces federales implicados en el otorgamiento de las nacionalizaciones en cinco meses, un plazo inusualmente corto.
Todo el caso tomó más notoriedad cuando el jueves 9 de febrero arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza un vuelo con más de 30 mujeres rusas embarazadas, de las cuales 6 quedaron demoradas porque no supieron responder dónde iban a alojarse ni qué actividades iban a desarrollar en el país. El procedimiento generó la rápida intervención de abogados de la agencia, que interpusieron recursos de hábeas corpus. Finalmente las mujeres fueron liberadas y se les permitió el ingreso al país, pero la investigación continúa en curso y promete más novedades.