Honduras entregó este miércoles a Estados Unidos a un supuesto traficante de fentanilo casi dos meses después de cancelar el tratado de extradición entre ambos países, informó la policía.
«Ya se fue» el avión de la agencia antidrogas estadounidense DEA que transporta a Javier Marín Gonzales y que despegó del aeropuerto de Palmerola, unos 50 km al norte de Tegucigalpa,
dijo a la AFP el portavoz de la policía, Edgardo Barahona.
Marín Gonzales, de 25 años, había sido capturado el 7 de septiembre y la justicia hondureña autorizó el 7 de octubre su extradición, solicitada por la justicia federal de California (oeste de Estados Unidos).
Honduras
En Estados Unidos ha causado una epidemia de adicciones, con más de 70.000 fallecimientos anuales por sobredosis, hasta convertirse en la principal causa de muerte entre personas de 18 a 49 años, según las autoridades estadounidenses.
El pasado 28 de agosto la presidenta izquierdista hondureña, Xiomara Castro, dio por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, alegando que podría servir para preparar un «golpe de Estado» en Honduras, como el que derrocó en 2009 a su marido, el exmandatario Manuel Zelaya.
En base a este tratado vigente de 1912, Tegucigalpa ha extraditado a Estados Unidos desde 2014 a medio centenar acusados de narcotráfico.
Marín Gonzales es el segundo supuesto narco hondureño extraditado a Estados Unidos tras la decisión de poner fin al tratado. El primero fue Mario José Cálix, entregado el 4 de septiembre.
Según el tratado, a partir de su denuncia sigue vigente por seis meses, por lo que caducará el 28 de febrero.
Solicitud
La Corte del Distrito Norte de California le imputa tres cargos, el primero por distribución de 40 gramos o más de una sustancia que contiene fentanilo, una droga altamente peligrosa.
El segundo cargo está relacionado con la distribución de 40 gramos o más de propanamida, una sustancia controlada. Mientras que la tercera acusación se refiere a la distribución de 40 gramos o más de piperidinil.
El pasado 7 de septiembre, un juez ordenó que Marín Gonzales fuera recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán, hasta que se completaran los trámites de su extradición
