El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo el lunes que respetará un reciente fallo de la Corte Suprema para reintegrar fondos a la ciudad de Buenos Aires, en manos de la oposición política, a la que pagará con bonos en moneda local.
La tensión política había escalado la semana pasada luego de que el Gobierno de centroizquierda señalara que la decisión de la Corte Suprema no podía cumplirse por afectar al resto de las provincias en el reparto de fondos federales, lo que generó preocupación en los mercados financieros.
Se espera que las nuevas declaraciones de Fernández lleven tranquilidad a una economía que arrastra una larga crisis, con una inflación anual cercana al 100%.
«Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas», señaló el mandatario en su cuenta de Twitter, donde aclaró que pagará al Gobierno de la capital argentina -gestionada por un alcalde de centroderecha- con bonos en pesos ‘TX31’.
En un fallo publicado la semana pasada, la Corte Suprema había establecido que la ciudad debe volver a recibir el 2,95% de los fondos federales distribuidos por ley a todos los distritos que recibía antes de que el Gobierno nacional recortara en 2020 ese porcentaje al actual 1,4%. La ciudad es la más rica y poblada del país.
«Finalmente, he instruido al MECON (Ministerio de Economía) para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios», añadió el mandatario peronista.
Además, Fernández pidió recusar a los miembros de la Corte Suprema.
Denuncia penal contra el presidente
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires denunció este martes penalmente al presidente Alberto Fernández por el delito de desobediencia. El planteo incluye también a funcionarios del gabinete nacional.
La denuncia penal fue presentada después de la medianoche. El texto al que accedió Clarín sostiene que las acusaciones recaen sonre los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, «incluyendo a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior de la Nación que han sido notificados de la resolución judicial», que los obligaba a pagar desde el jueves pasado más de 1.050 millones de pesos diariamente en concepto de coparticipación a la Ciudad.
Hasta el momento «no se ha cumplido lo resuelto por la Corte Suprema ni se ha efectuado manifestación alguna que explique razonablemente la demora», indica la denuncia y sostuvo este planteo en la «magnitud económica del perjuicio así generado, que se incrementa diariamente» lo que «resulta suficiente para dimensionar la gravedad» de la acción cuestionada.