Unos 20 estados de la nación americana demandaron al Departamento de Seguridad Nacional y su liderazgo por el programa de parole humanitario que la administración Biden espera que frene la migración irregular de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua hacia Estados Unidos.
“Los estados demandantes… enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de parole, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados”, se lee en la demanda, que fue presentada por los gobiernos de 20 estados.
El programa de «Parole Humanitario» es un proceso de libertad condicional establecido para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que permite a los ciudadanos de estos países solicitar el parole humanitario. Los inmigrantes pueden ser aprobados para vivir y trabajar en Estados Unidos siempre que pasen los requisitos médicos y de seguridad pública, tengan un patrocinador económico en el país y paguen su pasaje aéreo.
Los estados republicanos involucrados en la demanda, presentada en un tribunal federal de Texas, argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa las agencias de inmigración de Estados Unidos, creó un programa de visas de facto sin aprobación legislativa. También afirman que el programa va más allá de las circunstancias limitadas en las cuales agencia federal puede emplear el parole humanitario según la ley federal.
Los estados demandantes son Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
La demanda argumenta que, en el caso de Florida, el estado se verá perjudicado porque le cuesta al estado millones de dólares y “recursos estatales significativos”, como educación pública, atención médica, servicios para víctimas de violencia doméstica e instalaciones correccionales.