
Marilú Paredes, una abuela venezolana de 66 años, fue deportada por las autoridades de Estados Unidos hacia Bangui, capital de la República Centroafricana. La denuncia, realizada públicamente por su círculo familiar, detalla que la adulta mayor fue trasladada de forma arbitraria junto a otras nueve mujeres desde el estado de Luisiana.
La noticia ha encendido las alarmas sobre los procedimientos de control migratorio actuales y la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo político en territorio estadounidense.
De acuerdo con las declaraciones de su hija, Maylú López, el arresto se ejecutó en circunstancias completamente regulares. Paredes fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras asistía de manera voluntaria y responsable a una de sus citas migratorias obligatorias.
Familiares directos afirman de manera categórica que la sexagenaria contaba con una medida de protección migratoria vigente. Este amparo legal debía impedir estrictamente cualquier intento de deportación hacia Venezuela o terceros países.
La defensa y los familiares de la víctima añaden una complicación crítica al caso. Las autoridades fronterizas estadounidenses retuvieron el pasaporte original de la ciudadana.
Esta acción ha dejado a Marilú en un estado de desprotección total en el continente africano:
La expulsión del país no solo vulnera los derechos de Marilú, sino que desestabiliza por completo su núcleo familiar tras más de 40 años de matrimonio. Su esposo enfrenta un delicado cuadro de salud en territorio estadounidense. El ciudadano se encuentra en una etapa crítica de recuperación médica luego de sufrir una amputación en su pierna izquierda por encima de la rodilla, producto de severas complicaciones clínicas previas.

