Cubanos y hondureño deportados por EEUU a África: “No sabemos qué harán con nosotros”
Los migrantes, quienes residían en Florida hasta su detención, se comunican con un teléfono que logró colar uno de ellos
Un hondureño y varios cubanos deportados de Estados Unidos a la República Centroafricana pidieron este miércoles ayuda a congresistas de Florida para retornar y denunciaron incertidumbre sobre su futuro, un caso que ilustra las crecientes deportaciones a África de migrantes de terceros países.
Caren Cáceres, esposa del hondureño deportado Brayan Sánchez, entregó una carta de su marido a la oficina de la representante federal María Elvira Salazar para que abogue por él y sus compañeros, los cubanos Omar Rodríguez, Arístides Fernández, Yasmany Moreno y Daniel Lázaro Fuente, y el ecuatoriano Mauricio Alvarado.
Sánchez, Fernández y Moreno denunciaron en una llamada fuera de dichas oficinas en Miami que, desde que los deportaron sin previo aviso el 30 de julio a Bangui, capital de República Centroafricana, se han quedado sin documentos en un hotel, donde temen por sus vidas y solo los atienden supuestos funcionarios de la ONU.
«No saben qué hacer con nosotros. Esto es nuevo para ellos, que nunca han tratado (con) cubanos aquí en África Central, que no saben lo que van a hacer», expresó Moreno a pregunta de EFE. «Están esperando qué va a suceder. No sabemos nada, andamos como no sé, locos sin familia, sin nada, sin identidad», agregó.
Los migrantes, quienes residían en Florida hasta su detención, se comunican con un teléfono que logró colar Sánchez, con el que han documentado las condiciones en las que viven en un sitio donde afirman que hay un total de 36 hombres deportados desde Estados Unidos, con ellos como el único grupo de latinos.
La esposa de Sánchez y el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, el hondureño Juan Flores, buscan reunirse con legisladores de Florida, como Salazar, el congresista Mario Díaz-Balart y el senador Rick Scott para que intercedan por los migrantes, quienes afirman que sus casos estaban pendientes.
Sánchez indicó, a pregunta de EFE, que afrontan incertidumbre porque ni las autoridades locales ni las estadounidenses les han comunicado qué ocurrirá con ellos ni cuánto tiempo estarán ahí.
«Nos han dicho que nos van a dar 90 días aquí en el hotel, pero que al pasar los 90 días, entre comillas, ellos pueden renovar a 90 días más, pero no es seguro. Entonces quedaríamos a la intemperie, allá afuera, buscar algún lugar donde quedarnos, es traumante pensar en toda esta situación, al ver lo peligroso que es aquí», contó.
Deportaciones a África: ‘un abuso’
El hecho refleja las deportaciones de la Administración Donald Trump de migrantes de terceros países a África, con acuerdos para que los acepten en Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún y la República Democrática del Congo, según el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas.
La Administración elevó estos esfuerzos tras un fallo de la Corte Suprema que autorizó en junio de 2025 estas expulsiones y, desde entonces, ha «deportado a personas a condiciones inseguras sin debido proceso y con menos de 24 horas de aviso», asevera el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP).
«Es un abuso arbitrario, la verdad es un atropello contra los inmigrantes. Me imagino que las autoridades tienen que tomar nota de un consentimiento sobre ellos y les están haciendo un atropello porque lo están torturando», denunció ahora Cáceres, la esposa del hondureño.
La gestión de Trump ha buscado estos acuerdos mientras algunos países, como Cuba, no aceptan a todos los deportados, pero los casos de Sánchez, de Honduras, y de Alvarado, de Ecuador, ocurren pese a la cooperación de estos países con Estados Unidos.
«El Gobierno de Honduras no quiere pronunciarse, no quiere saber de Brayan, prácticamente lo deja solo a la mano de Dios, la única comunicación que han tenido es con su esposa, donde le han hecho saber así sin más que se regrese para Honduras, lo cual es lamentable», sostuvo Flores.
La Cancillería hondureña ha expresado de manera pública que da seguimiento al caso de Sánchez y que apoyaría gestionar su «retorno voluntario» al país centroamericano, pero el migrante asevera que no puede volver porque salió de ahí por amenazas de muerte de criminales.
Con información de EFE