
Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, el máximo previsto en el protocolo de inyección letal de Tennessee, y permanece hospitalizada en estado crítico. Pero haber salido con vida de la camilla no anula su condena a muerte. La gran pregunta ahora es si el Estado podrá intentar ejecutarla otra vez, y la historia de Estados Unidos ofrece respuestas muy distintas.
Pike, de 50 años, recibe «atención médica para salvar su vida», según sus abogados, que denunciaron no haber podido verla ni hablar con ella desde que fue hospitalizada tras la ejecución fallida del miércoles 30 de septiembre. La defensa calificó lo ocurrido como «cruel y tortuoso» y pidió al gobernador Bill Lee que conmute su pena.
Lee, que se declaró «muy decepcionado» por lo sucedido, ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones previstas para el resto del año. Por ahora, Tennessee no informó si fijará una nueva fecha.
Lo que hace único el caso de Pike es que los fármacos sí entraron en su cuerpo. En la mayoría de las ejecuciones fallidas de las últimas décadas, el procedimiento se detuvo porque el personal no logró colocar una vía intravenosa. «No hay precedentes», resumió Robin Maher, directora del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Esa diferencia podría pesar en los tribunales, donde la defensa invocará la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos «crueles e inusuales».
Will Purvis (1894). Condenado por asesinato en Misisipi, sobrevivió a la horca cuando el nudo de la soga se deshizo. El Estado quiso volver a colgarlo, pero tras una larga batalla legal su pena fue conmutada por cadena perpetua y en 1898 recibió el indulto. Años después, otro hombre confesó el crimen.
Willie Francis (1946). Con 17 años, sobrevivió a la silla eléctrica en Luisiana por una falla en el equipo. Su caso llegó a la Corte Suprema, que en 1947 resolvió que un segundo intento no violaba la Constitución porque el error había sido un accidente. Francis fue ejecutado ese mismo año. Ese fallo sigue siendo la referencia legal en estos casos.
Romell Broom (2009). En Ohio, el equipo de ejecución intentó durante unas dos horas encontrarle una vena, sin éxito. Los tribunales autorizaron un nuevo intento con el argumento de que el castigo «no había comenzado», pero Broom murió en prisión en 2020, por complicaciones de covid-19, antes de volver a la camilla.
Alva Campbell (2017). También en Ohio, la ejecución se suspendió por falta de acceso venoso y fue reprogramada, pero Campbell murió en prisión por problemas de salud en 2018.
Doyle Lee Hamm (2018). En Alabama, el personal no logró colocar la vía en un condenado con cáncer y venas muy dañadas. Sus abogados alcanzaron un acuerdo con el Estado para que no volviera a intentar ejecutarlo. Murió por su enfermedad en 2021.
Alan Miller (2022). Alabama suspendió su ejecución por los mismos problemas de acceso venoso. En lugar de conmutar la pena, el Estado cambió de método: Miller fue ejecutado en 2024 con hipoxia de nitrógeno.
Tony Carruthers (2026). En mayo, Tennessee no logró colocarle la vía intravenosa tras más de una hora de intentos. El gobernador Lee le otorgó un aplazamiento de un año.
Los antecedentes muestran que sobrevivir no garantiza salvarse: en varios casos, el Estado volvió a intentarlo o lo habría hecho si el condenado no hubiera muerto antes. Pero ninguno reproduce exactamente lo ocurrido con Pike.
Su futuro dependerá de la revisión ordenada por el gobernador, de su recuperación y de los recursos judiciales que presente su defensa. Entre las salidas posibles figuran una nueva fecha de ejecución, un cambio de método o la conmutación de la pena.
Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en 1995 en Knoxville, cuando ella tenía 18. Iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.
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