Gobierno de Guatemala propone un precio límite al diésel, cuyo coste desencadenó protestas
La iniciativa busca frenar el impacto del alza de combustibles que provocó protestas y bloqueos en Guatemala.
El Gobierno de Guatemala llevará al Congreso una propuesta para establecer en 39 quetzales, unos 5,11 dólares, el precio máximo del galón de diésel, en un intento por contener el impacto del fuerte aumento de los combustibles que en los últimos meses provocó protestas y bloqueos en distintos puntos del país.
El presidente Bernardo Arévalo anunció la iniciativa este lunes y explicó que el mecanismo permitiría que los consumidores paguen como máximo ese valor. Si el precio de mercado supera el límite establecido, la diferencia sería cubierta con recursos estatales de emergencia identificados por el Ministerio de Finanzas.
La medida está dirigida especialmente al diésel por su importancia para el transporte público y de carga, dos sectores cuyo funcionamiento repercute directamente sobre el precio de los alimentos y otros productos de consumo cotidiano.
Un precio que disparó el malestar
El encarecimiento de los combustibles se convirtió en uno de los principales focos de tensión social en Guatemala. Transportistas realizaron manifestaciones y bloquearon carreteras durante los últimos días para reclamar medidas que permitan reducir el costo de la gasolina y el diésel.
El aumento acumulado durante el último semestre ha elevado significativamente el costo de operar vehículos de pasajeros y de carga, generando presión sobre otros sectores de la economía. El impacto también alcanza a los consumidores, debido al peso del transporte en la distribución de alimentos y productos básicos.
La organización indígena 48 Cantones de Totonicapán anunció además una movilización pacífica para expresar su rechazo al aumento de los combustibles y reclamar respuestas tanto al Gobierno como al Congreso.
El antecedente de un subsidio que no alcanzó
La nueva propuesta llega después de que el Ejecutivo intentara implementar mecanismos de apoyo económico para amortiguar el aumento de los combustibles.
En abril, el Congreso aprobó un programa de emergencia por 2.000 millones de quetzales, que contemplaba una reducción temporal de ocho quetzales por galón de diésel y de cinco quetzales para las gasolinas regular y superior. El beneficio tenía una duración inicial de tres meses.
Sin embargo, el alivio no consiguió resolver el problema de fondo. Con los precios internacionales nuevamente elevados, el Gobierno buscó una alternativa que permita mantener un valor máximo para el diésel hasta finales de 2026.
En paralelo, en el Congreso se había discutido otra iniciativa que contemplaba un subsidio de 12 quetzales por galón de diésel y tres quetzales para la gasolina regular, con vigencia hasta diciembre.
El Congreso tendrá la última palabra
El proyecto deberá ser analizado por un Congreso en el que el Gobierno de Arévalo no cuenta con una mayoría propia, por lo que la aprobación dependerá de negociaciones con diferentes bloques legislativos.
La discusión estará centrada no solo en el precio que pagarán los consumidores, sino también en el costo que tendrá para las arcas públicas cubrir la diferencia entre el valor internacional del combustible y el límite establecido.
El Gobierno sostiene que el mecanismo permitiría proteger directamente al consumidor y evitar que las nuevas subidas internacionales se trasladen de manera inmediata a las estaciones de servicio, al transporte y a los precios de los productos.
Una medida con impacto más allá de las gasolineras
El diésel ocupa un lugar estratégico en la economía guatemalteca porque es utilizado ampliamente por camiones, autobuses y otros vehículos vinculados con el traslado de mercancías y personas.
Por eso, el Ejecutivo busca que el límite de 39 quetzales no sea solamente un alivio para quienes cargan combustible, sino una herramienta para contener una eventual segunda ronda de aumentos en el costo del transporte, los alimentos y otros bienes.
La propuesta, sin embargo, todavía no está vigente. Su aplicación dependerá de que el Congreso apruebe la iniciativa y de que se establezcan los mecanismos para financiar y controlar el aporte estatal.
Mientras tanto, el precio de los combustibles continúa siendo un asunto de alta sensibilidad social y política en Guatemala, en un contexto marcado por protestas, presión de los transportistas y preocupación por el impacto del costo de vida.
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