
El Fondo Monetario Internacional alcanzó un acuerdo preliminar con El Salvador que podría habilitar un nuevo desembolso de unos 140 millones de dólares, después de que el Gobierno de Nayib Bukele avanzara en las reformas fiscales y regulatorias exigidas por el organismo.
El entendimiento incluye además una cuestión que durante meses estuvo en el centro de las negociaciones: las compras de bitcoin realizadas por el Estado salvadoreño. Según el FMI, desde la primera revisión del programa no se utilizaron recursos públicos para aumentar las tenencias de la criptomoneda.
El acuerdo todavía debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del Fondo y está condicionado al cumplimiento de algunas medidas previamente establecidas.
El organismo señaló que la acumulación de bitcoin registrada desde la primera revisión del programa, realizada en 2025, estuvo vinculada con donaciones privadas y no implicó el uso de fondos públicos.
Además, el FMI estableció que, en adelante, no se contempla una acumulación adicional de la criptomoneda por parte del sector público, salvo aquellas adquisiciones que puedan estar respaldadas por donaciones documentadas.
La cuestión resulta especialmente relevante porque El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar bitcoin como moneda de curso legal, una decisión que transformó a Bukele en una de las figuras políticas más asociadas con la expansión de las criptomonedas.
El Gobierno llegó a comunicar durante años compras periódicas de bitcoin con recursos estatales. Actualmente, las reservas oficiales superan los 7.700 bitcoins, aunque su valor en dólares fluctúa de acuerdo con la cotización internacional de la criptomoneda.
El FMI también informó que la propiedad y el control operativo de la billetera electrónica utilizada por el Gobierno fueron transferidos a un operador privado.
Según el organismo, el Ejecutivo salvadoreño mantiene una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes, mientras que la acumulación de bitcoin posterior a la primera revisión no habría requerido fondos públicos.
El acuerdo también contempla medidas para modernizar las normas que regulan los activos digitales y fortalecer los mecanismos de supervisión, gobernanza y gestión de riesgos relacionados con las tenencias públicas de criptoactivos.
Estos cambios forman parte de las condiciones establecidas por el FMI para reducir los riesgos asociados al experimento salvadoreño con bitcoin.
El entendimiento anunciado corresponde a la segunda y tercera revisiones combinadas del programa de 40 meses acordado entre El Salvador y el FMI.
El programa contempla un financiamiento total de 1.400 millones de dólares. La aprobación de las nuevas revisiones permitiría liberar alrededor de 140 millones de dólares adicionales para el país.
El organismo destacó que el programa está mostrando resultados positivos y aseguró que la actividad económica salvadoreña superó las expectativas, mientras que los desequilibrios fiscales y externos están siendo corregidos de acuerdo con los compromisos asumidos.
Sin embargo, el desembolso todavía no es automático. El acuerdo alcanzado por los equipos técnicos debe ser sometido a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI.
El organismo también presentó una evaluación favorable sobre la evolución de la economía salvadoreña.
Después de años de crecimiento relativamente débil en comparación con otros países de Centroamérica, el FMI estima que el producto interno bruto de El Salvador crecerá un 4,5 por ciento durante 2026.
La expansión estaría respaldada por la inversión, el consumo interno, las remesas enviadas desde el exterior, el turismo y los flujos de capital.
El Fondo también atribuyó parte de la mejora a una mayor confianza de los inversionistas y a los avances en materia de seguridad registrados durante la administración de Bukele.
El acuerdo con el FMI también implica un programa de consolidación fiscal que ha tenido consecuencias sobre el sector público.
Economistas y organizaciones sindicales han denunciado una fuerte reducción de puestos estatales durante los últimos años. Las estimaciones sobre el número de trabajadores afectados varían considerablemente según la fuente y la metodología utilizada.
El Gobierno sostiene que las reformas son necesarias para ordenar las cuentas públicas y reducir los desequilibrios acumulados, mientras que sus críticos advierten sobre el impacto que los recortes pueden tener sobre el empleo y los servicios públicos.
El país todavía enfrenta un desafío importante en materia social: alrededor de tres de cada diez salvadoreños viven en condiciones de pobreza, según las estimaciones citadas en los informes sobre la economía nacional.
El nuevo acuerdo marca una etapa diferente en la relación entre el Gobierno de Bukele y el FMI. La criptomoneda, que inicialmente representó uno de los principales puntos de conflicto entre ambas partes, quedó ahora sometida a límites más estrictos.
El Salvador mantiene su apuesta por los activos digitales, pero el acuerdo reduce el margen para que el Estado continúe aumentando sus reservas mediante recursos públicos.
Al mismo tiempo, el FMI considera que las reformas fiscales y financieras están comenzando a generar resultados y proyecta un crecimiento económico significativamente mayor para este año.
La aprobación definitiva del nuevo desembolso será el próximo paso. Para Bukele, los 140 millones de dólares representarían una nueva fuente de financiamiento dentro de un programa que busca estabilizar las finanzas del país sin abandonar completamente el legado de su controvertida apuesta por el bitcoin.
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