Más de 170.000 salvadoreños perderán el TPS en EEUU el 9 de septiembre

Más de 170.000 salvadoreños perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos a partir del próximo 9 de septiembre, una decisión que amenaza con expulsar del país a inmigrantes que llegaron siendo niños y que han construido prácticamente toda su vida en territorio estadounidense.

Algunos de los afectados apenas conocen El Salvador o no conservan recuerdos del país donde nacieron. Con la terminación del programa también perderán su autorización de trabajo y la protección temporal contra la deportación.

“Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa y estoy haciendo una carrera”, explicó a EFE Alma, una salvadoreña de 30 años que pidió mantener su apellido en reserva por temor a represalias.

Alma llegó a Estados Unidos en brazos de su madre cuando tenía apenas 18 meses. Fue incluida en el TPS en 2001, cuando tenía cinco años, después de que su madre solicitara la protección migratoria para ambas.

La joven asegura que no conserva recuerdos de El Salvador, pero sí de los trámites migratorios que han marcado su vida.

“Yo crecí con el TPS”, afirma.

Alma recuerda que, cuando era niña, funcionarios de inmigración tuvieron que subirla a una silla para tomarle las huellas dactilares. En ese momento pensó que se trataba de un juego, pero ahora comprende que estaban recopilando sus datos biométricos.

La salvadoreña busca llamar la atención sobre la situación de miles de inmigrantes que, como ella, llegaron a Estados Unidos durante su infancia y han permanecido durante décadas bajo protecciones temporales sin recibir una vía directa hacia la residencia permanente.

“Crecí con una vida estadounidense, con valores estadounidenses. ¿Por qué nos quieren sacar?”, se pregunta. “De niña yo no tuve la posibilidad de elegir dónde hacer mi vida”.

La Administración del presidente Donald Trump ha impulsado la terminación del TPS para ciudadanos de varios países, entre ellos Haití, Venezuela y Afganistán.

En el caso de El Salvador, el Gobierno permitirá que la protección expire el 9 de septiembre para unos 170.000 beneficiarios, según cifras de la organización National Immigration Forum.

A partir de esa fecha, los afectados podrían perder su permiso de trabajo y su autorización para permanecer legalmente en Estados Unidos, quedando expuestos a procedimientos de deportación si no cuentan con otra protección migratoria.

Empresas se preparan para perder trabajadores

Alma trabaja como supervisora en una empresa de Misuri que cuenta con plantas fuera de Estados Unidos. Según explica, la compañía ya se prepara para perder empleados que han trabajado allí durante años, algunos desde 2001.

“Duele ver cómo la vida va a seguir fluyendo y serán reemplazados, mientras los afectados nos vamos sin nada”, reflexiona.

La situación se complica para quienes viven en estados gobernados por republicanos, donde varios legisladores federales apoyan la terminación del TPS y defienden el regreso de los beneficiarios a sus países de origen.

“Cuando la gente me dice que regrese a El Salvador, para mí no es regresar a una vida, porque yo no viví allí. Pensar en eso es muy fuerte”, advierte Alma.

Más de dos décadas de incertidumbre

José Palma, coordinador de la Alianza TPS, comparte esa preocupación. La iniciativa, creada en 2017, reúne a organizaciones que defienden el programa y reclaman la aprobación de una ley que permita a sus beneficiarios solicitar la residencia permanente.

Palma, de 48 años y padre de cuatro ciudadanos estadounidenses, explicó a EFE que la incertidumbre sobre su futuro lo obligó a suspender proyectos personales, entre ellos una construcción en su vivienda.

También ha reducido sus gastos para intentar ahorrar ante la posibilidad de quedarse sin autorización para trabajar.

A pesar del panorama, el activista mantiene la esperanza de que el Congreso estadounidense apruebe una solución permanente. Palma subraya que, después de 25 años bajo el TPS, los salvadoreños beneficiados no han recibido una alternativa estable para regularizar su situación.

“Lo habríamos solicitado hace mucho tiempo. ¿Quién quiere vivir sin saber qué pasará con su futuro?”, cuestionó.

Alma también conserva la esperanza de recibir una oportunidad para permanecer en el país donde creció. Su madre falleció esperando encontrar un camino hacia la residencia permanente. Ahora ella continúa esa misma lucha.

Con información de EFE