
Más de 170.000 inmigrantes salvadoreños enfrentan una carrera contrarreloj ante el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, previsto para el próximo 9 de septiembre.
Si el Gobierno de Donald Trump no extiende la protección, los beneficiarios perderían su permiso de trabajo y el estatus que les permite permanecer legalmente en Estados Unidos, quedando expuestos a posibles procesos de deportación.
“La gente está atemorizada”, dijo a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL).
La organización, que durante años ha impulsado la renovación del beneficio migratorio, ha recibido en los últimos días numerosas llamadas de salvadoreños que están “en pánico” ante la posibilidad de que termine el programa.
El TPS de El Salvador vence el 9 de septiembre de 2026, menos de un mes después de esta publicación.
La protección fue concedida en febrero de 2001 tras los dos terremotos que afectaron gravemente al país centroamericano durante ese año.
Desde entonces, miles de salvadoreños han podido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mediante renovaciones periódicas del programa.
Sin embargo, el abogado de inmigración Fernando Romo considera que “no es probable” que la actual Administración prorrogue nuevamente el beneficio.
Durante su primer mandato, el presidente Donald Trump intentó terminar la protección para los salvadoreños.
En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó cancelar el TPS de El Salvador y concedió a los aproximadamente 180.000 beneficiarios de entonces un plazo de 18 meses para buscar otra vía migratoria o abandonar Estados Unidos.
La terminación fue frenada mediante una orden judicial después de que beneficiarios del programa y sus hijos estadounidenses presentaran una demanda. Los demandantes argumentaron que la decisión del Gobierno estaba basada en motivos discriminatorios y racistas.
Tras regresar a la Casa Blanca, Trump retomó sus esfuerzos para eliminar el TPS de varios países, entre ellos Venezuela y Haití. Los afectados también recurrieron a los tribunales.
La Corte Suprema determinó posteriormente que el Ejecutivo tenía autoridad para revocar estas protecciones migratorias.
En el caso de El Salvador, país cuyo Gobierno mantiene actualmente buenas relaciones con Trump, se cree que la Administración podría permitir que el TPS simplemente expire.
La medida afectaría a aproximadamente 170.000 salvadoreños, según datos del National Immigration Forum citados por EFE.
Los beneficiarios perderían su permiso de trabajo y su autorización para residir legalmente en Estados Unidos, una situación que el abogado Romo calificó de “muy complicada”.
Algunos salvadoreños amparados por el programa también temen que participar públicamente en manifestaciones pueda llamar la atención de las autoridades migratorias.
“La migra está viendo quién protesta, así que es momento de quedarse callados”, dijo a EFE un beneficiario del TPS que solicitó mantener su identidad en reserva.
Aunque comprende el temor de la comunidad, Tejada considera que únicamente una movilización coordinada, con la participación de los propios inmigrantes, podría ayudar a conservar la protección.
José Urias, un empresario salvadoreño amparado por el TPS, ha pedido al Congreso que actúe para extender el beneficio de los inmigrantes de unos 16 países.
Urias emplea a más de 50 personas en Malden, Massachusetts, y forma parte activa de la Alianza TPS, una organización creada para defender el programa.
“Los favorecidos por el TPS somos gente trabajadora, tenemos un récord limpio, el FBI nos chequea cada 18 meses y pagamos impuestos. Entonces, ¿por qué nos quieren sacar del país?”, cuestionó.
El empresario explicó que, a pesar de tener compañías de construcción y bienes raíces que generan empleos y pagan impuestos, no ha encontrado una alternativa que le permita cambiar su estatus migratorio.
“Nunca nos han dado ese camino a la ciudadanía. Ya es hora de que el Congreso actúe”, agregó.
Tejada también considera necesaria la intervención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para defender a los beneficiarios del TPS que viven y trabajan en Estados Unidos.
Los inmigrantes salvadoreños representan además una importante fuente de remesas para su país.
Sin embargo, el Gobierno de Bukele no ha logrado detener el aumento de las deportaciones desde Estados Unidos hacia El Salvador. Durante el primer semestre de 2026, las deportaciones aumentaron un 73,8 %.
Mientras se aproxima el 9 de septiembre, miles de familias esperan una decisión que determinará si podrán continuar trabajando y residiendo legalmente en Estados Unidos.


