Nicaragua excluye a opositores de las elecciones y extiende el mandato de Ortega
Nicaragua aprobó una reforma constitucional que amplía a siete años el mandato presidencial y restringe la participación de opositores.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que amplía de seis a siete años los mandatos de los principales cargos públicos y establece nuevas restricciones para quienes quieran participar en elecciones.
La iniciativa, impulsada por el copresidente Daniel Ortega, fue aprobada por unanimidad en primera legislatura durante una sesión especial realizada en la ciudad de León. Para convertirse definitivamente en norma deberá ser ratificada por la próxima Asamblea, cuyo período comenzará en enero de 2027.
Uno de los puntos más controvertidos establece que quienes sean considerados «traidores a la patria» no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar puestos públicos.
Una nueva barrera para los opositores
La reforma también excluye a quienes hayan participado, directa o indirectamente, en la planificación o ejecución de un supuesto golpe de Estado, así como a quienes promuevan la intervención militar extranjera o respalden bloqueos y sanciones contra Nicaragua.
Las restricciones alcanzan además a quienes, según las autoridades, hayan atentado contra la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz del país.
El concepto de «traidores a la patria» ya ha sido utilizado por el gobierno para desnacionalizar a cientos de opositores y críticos. Entre ellos se encuentran reconocidos escritores nicaragüenses como Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La reforma establece también que las personas comprendidas en esas categorías no podrán formar parte de las direcciones de partidos u organizaciones políticas.
Ortega y Murillo consolidan su permanencia
El cambio constitucional llega después de que Ortega afirmara en julio que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones», una declaración que generó preocupación entre sectores opositores y organismos internacionales.
El nuevo texto extiende de seis a siete años el período de los copresidentes, diputados, alcaldes y magistrados, entre otros cargos. La misma duración se aplicará a autoridades de instituciones clave del Estado.
La modificación tendrá un efecto inmediato sobre el calendario electoral. Las elecciones generales previstas inicialmente para noviembre de 2026 quedarían desplazadas hasta noviembre de 2027.
Ortega gobierna Nicaragua desde 2007, después de haber encabezado el país durante la década de 1980. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien pasó de vicepresidenta a copresidenta tras una reforma constitucional anterior.
Una oposición prácticamente desmantelada
El sistema político nicaragüense quedó profundamente transformado después de las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según Naciones Unidas y provocó el exilio de miles de ciudadanos.
Entre quienes abandonaron el país estuvieron dirigentes opositores, periodistas, intelectuales y religiosos. Algunos fueron posteriormente despojados de su nacionalidad por decisión de las autoridades.
La oposición sostiene que las nuevas restricciones constitucionales buscan impedir cualquier competencia electoral real y facilitar la continuidad del poder dentro de la estructura encabezada por Ortega y Murillo.
En las últimas elecciones presidenciales, celebradas en 2021, varios aspirantes opositores fueron detenidos antes de los comicios. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se impuso posteriormente en unos comicios cuestionados internacionalmente.
Rechazo internacional y presión sobre Managua
La reforma también amenaza con profundizar el enfrentamiento entre Managua y gobiernos y organismos internacionales que cuestionan las condiciones democráticas del país.
La Organización de Estados Americanos aprobó recientemente, a iniciativa de Estados Unidos, convocar una reunión urgente de cancilleres para analizar posibles medidas contra el gobierno nicaragüense.
Washington mantiene además presión económica y política sobre Managua, aunque Estados Unidos continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Nicaragua.
Mientras tanto, una docena de organizaciones opositoras acordó recientemente un proyecto de transición que contempla la liberación de presos políticos y una renovación de las instituciones electorales, judiciales, policiales y militares.
La reforma aprobada por el Parlamento representa, sin embargo, un nuevo obstáculo para ese escenario. Su ratificación en la próxima legislatura oficialista es considerada prácticamente segura, con lo que Nicaragua avanzaría hacia un nuevo ciclo político en el que las posibilidades de competencia electoral para los sectores opositores quedarían todavía más restringidas.
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