Nicaragua revoca los permisos de trabajo de 2.000 abogados
Ni el gobierno ni el Tribunal Supremo han emitido una declaración oficial sobre las acusaciones.
El gobierno de Nicaragua revocó los permisos de trabajo de 2.000 abogados sin dar explicaciones, según denunciaron el jueves los propios abogados y los medios de comunicación nicaragüenses en el exilio, calificando la medida de represión.
El diario La Prensa informó que los nombres de los abogados afectados fueron eliminados sin explicación del registro de la Suprema Corte de Justicia en los últimos días, privándolos de la capacidad de ejercer su profesión.
«Es un mensaje político de control y represión… una muerte civil», declaró una abogada cuyo nombre fue eliminado del registro, bajo condición de anonimato.
El gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018.
Según ella, esta medida se ajusta a un «patrón» de persecución contra los nicaragüenses que han sido «identificados como defensores de la democracia».
«Esto envía un mensaje a los nicaragüenses de que no pueden elegir a cualquier abogado, sino solo a aquellos que gozan de privilegios bajo el régimen», dijo.
Ademas se tuvo conocimiento de un incidente en el que un abogado llegó al juzgado para un caso, pero le informaron que ya no tenía licencia.
«Nicaragua no cumple ni siquiera con los estándares mínimos de independencia judicial», declaró Reed Brody, miembro de un grupo de la ONU que supervisa los derechos humanos en ese país.
«Eliminar a los abogados del registro de la Corte Suprema, sin previo aviso y sin el debido proceso, supone cerrar el último canal de defensa disponible para los ciudadanos», dijo Brody.
Los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo han gobernado Nicaragua durante casi dos décadas con poder absoluto. Han mantenido un férreo control sobre la sociedad desde la dura represión de las protestas en 2018, que dejó más de 300 muertos, según la ONU.
El grupo opositor Liberales Nicaragua también condenó la medida, afirmando que convierte a la profesión jurídica «en una disciplina subordinada a las consignas y los caprichosos designios políticos de la dinastía Ortega-Murillo».
