EEUU busca localizar en México y Centroamérica a inmigrantes con multas pendientes
La Administración Trump prepara un nuevo mecanismo para cobrar multas migratorias a personas que ya fueron deportadas o salieron voluntariamente.
El Gobierno del presidente Donald Trump avanza con un nuevo plan para reforzar el cobro de sanciones migratorias. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) inició un proceso para contratar a una empresa privada que localice en México, Guatemala y Honduras a inmigrantes que fueron deportados o abandonaron voluntariamente Estados Unidos y que aún mantienen multas pendientes de pago.
La iniciativa representa un nuevo paso en la estrategia de endurecimiento de la política migratoria, al extender las acciones de cobro más allá del territorio estadounidense y buscar directamente a los deudores en los países donde actualmente residen.
Una empresa para encontrar a los deudores
Según la convocatoria federal de contratación, la compañía deberá estar registrada en Estados Unidos y contar con capacidad para localizar personas, verificar su identidad y notificarles oficialmente las multas pendientes.
Una vez identificados, los inmigrantes deberán recibir información detallada sobre el monto adeudado y las alternativas disponibles para regularizar su situación, ya sea mediante el pago total, acuerdos de cuotas u otros mecanismos autorizados por las autoridades estadounidenses.
El Gobierno también permitirá que las multas sean abonadas por un tercero en representación del deudor.
Cómo deberán comprobar la identidad
La empresa contratada tendrá que demostrar a la CBP que localizó a la persona correcta antes de iniciar el proceso de cobro.
Para ello podrá recopilar distintos elementos de verificación, como fotografías de la vivienda, comprobantes de servicios públicos, registros laborales u otra documentación que confirme la identidad del inmigrante.
En los casos en que la persona haya fallecido, el contratista deberá presentar un certificado oficial de defunción para cerrar el expediente correspondiente.
Más de 66.000 inmigrantes tienen multas pendientes
Las estimaciones de la CBP indican que unas 66.387 personas que ya no permanecen en Estados Unidos siguen teniendo sanciones civiles sin pagar.
El monto acumulado de estas deudas alcanza aproximadamente 423 millones de dólares, según cálculos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundidos durante julio.
La Administración Trump reactivó el año pasado el cobro de este tipo de multas, que pueden aplicarse por distintas infracciones de la legislación migratoria, especialmente por incumplir una orden definitiva de expulsión.
Multas que pueden superar cifras millonarias
La legislación estadounidense establece sanciones económicas para quienes desobedecen una orden de deportación.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) fijó originalmente una multa diaria de 500 dólares en 1996, pero los ajustes por inflación elevaron actualmente esa cifra a 998 dólares por día, lo que puede generar deudas muy elevadas para quienes permanecen durante largos períodos incumpliendo la orden de salida.
Estas multas pueden acumularse durante meses o incluso años, dependiendo de cada caso.
Un cambio en la estrategia de cobro
Hasta ahora, el Gobierno estadounidense ya trabajaba con empresas privadas encargadas de recuperar multas migratorias y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
Sin embargo, esas compañías operaban exclusivamente desde Estados Unidos y sus gestiones se limitaban principalmente al envío de cartas o llamadas telefónicas.
De acuerdo con la CBP, ninguno de esos contratistas había logrado localizar con éxito a un deudor fuera del país hasta julio pasado.
La nueva contratación busca precisamente cubrir esa limitación, permitiendo que una empresa realice búsquedas directamente en México, Guatemala y Honduras, donde reside una parte importante de los inmigrantes que fueron expulsados o decidieron abandonar voluntariamente territorio estadounidense.
La medida refleja el interés de la Administración Trump por fortalecer el cumplimiento de las sanciones migratorias incluso después de que los extranjeros hayan salido de Estados Unidos, ampliando el alcance de las políticas de control y recuperación de deudas fuera de sus fronteras.
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