Estados Unidos impone multas millonarias a migrantes por no abandonar el país
Decenas de miles de inmigrantes han recibido cartas exigiéndoles el pago de deudas millonarias o que abandonen el país. El gobierno estadounidense recurre a agencias de cobranza y retiene las devoluciones de impuestos, según el New York Times.
La administración del presidente Donald Trump ha reactivado y acelerado el uso de una agresiva estrategia financiera para presionar a miles de inmigrantes indocumentados a abandonar Estados Unidos: la imposición de multas civiles millonarias que pueden alcanzar hasta $1.8 millones por persona, según reveló un informe exhaustivo del periódico The New York Times.
De acuerdo con la investigación de The New York Times, más de 100,000 personas han recibido notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En estas cartas se les informa que acumulan un recargo de $998 por cada día que han permanecido en el país tras haber recibido una orden final de deportación por parte de un juez de inmigración.
La publicación del rotativo estadounidense detalla que, aunque estas sanciones económicas estaban autorizadas por la legislación migratoria de 1996, ningún mandato anterior las había aplicado a esta escala, convirtiéndose en un eje central de la nueva campaña de deportaciones masivas.
El reporte destaca que estas notificaciones representan una encrucijada angustiosa para los afectados. El periódico cita el caso de Vivi Vásquez, una inmigrante mexicana con 17 años en el país y una solicitud de visa humanitaria en trámite, quien recibió una multa del DHS por $1,820,352. Según The New York Times, el sobre de la sanción incluía un folleto titulado «Autodeportación con CBP Home: váyase bajo sus propios términos», promoviendo la condonación total de la deuda a cambio de abandonar voluntariamente el país mediante la aplicación móvil del gobierno.
Multas millonarias a migrantes
Asimismo, la investigación periodística consigna que esta táctica ha generado una ola de recursos legales por parte de abogados y organizaciones de asistencia jurídica. Los demandantes argumentan ante los tribunales que las sanciones vulneran el debido proceso y la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohíbe las multas excesivas. No obstante, el diario neoyorquino señala que la respuesta del gobierno federal ha sido tajante: las autoridades sostienen que tramitar un alivio migratorio posterior no anula el incumplimiento deliberado de una orden previa de expulsión.
El impacto del mecanismo va en aumento. Según datos del DHS obtenidos por The New York Times, entre el 20 de enero de 2025 y mediados de julio de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) impuso más de 103,000 multas a no ciudadanos, sumando un monto reclamado superior a los $84,000 millones, de los cuales ya se han recaudado más de $1.2 millones.
Multas millonarias a migrantes
The New York Times confirmó además que, ante la amenaza de embargo de salarios, afectaciones al crédito o confiscación de bienes, varios inmigrantes han comenzado a transferir propiedades y ahorros a fideicomisos para proteger el patrimonio de toda su vida.
En respuesta al avance de estas medidas, la cobertura de The New York Times expone el impacto directo que estas sanciones están teniendo en historias individuales a lo largo de Estados Unidos. El periódico documenta el caso particular de un hombre de 68 años —quien es el cuidador principal de su esposa, una ciudadana estadounidense que padece cáncer— a quien las autoridades federales le denegaron la apelación para anular la multa.
Adicionalmente, el reportaje de The New York Times cita las declaraciones de abogados defensores que ilustran el alcance de las acciones judiciales que enfrenta la comunidad migrante. El rotativo estadounidense recoge la postura de Charles Moore, abogado principal de la organización sin fines de lucro Public Justice, quien encabeza una demanda colectiva en Massachusetts para frenar lo que califica como una campaña de acoso e intimidación económica.
Según detalla el periódico a través del testimonio de Moore, el Departamento de Seguridad Nacional ya ha comenzado a derivar estas deudas a agencias privadas de cobranza, embargando salarios y devoluciones de impuestos, mientras que el Departamento de Justicia ha llevado a decenas de personas ante los tribunales para ejecutar los cobros de manera coercitiva.
Más información en :