
La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso en el endurecimiento de la política migratoria al convertir en permanente el programa que exige depósitos económicos a determinados solicitantes de visas de turismo y negocios. A partir de su publicación oficial en el Registro Federal, los funcionarios consulares podrán exigir fianzas de hasta 20.000 dólares a ciudadanos de 50 países antes de emitir una visa B1 o B2.
La medida deja atrás el programa piloto iniciado en agosto de 2025 y pasa a formar parte de las normas permanentes del Departamento de Estado. Según el Gobierno estadounidense, el objetivo es desalentar la permanencia irregular de visitantes que exceden el tiempo autorizado por sus visas.
La decisión otorga a los oficiales consulares la facultad de fijar una garantía económica de 10.000, 15.000 o hasta 20.000 dólares, según la evaluación individual de cada caso.
El depósito deberá realizarse a través de la plataforma oficial del Departamento del Tesoro antes de que pueda emitirse la visa. El dinero podrá ser abonado por el propio solicitante o por un tercero, siempre que la documentación coincida con los datos exigidos por las autoridades migratorias.
Si el visitante abandona Estados Unidos dentro del plazo autorizado, el monto será reembolsado. También podrá recuperarse si finalmente no utiliza la visa o si se le niega el ingreso al país.
En cambio, si las autoridades consideran que la persona incumplió las condiciones de su permanencia, la garantía podrá quedar retenida mientras se desarrolla la investigación correspondiente.
El Departamento de Estado sostiene que la experiencia iniciada hace un año produjo una fuerte reducción de las permanencias irregulares.
Según datos oficiales, durante el año fiscal 2024 se registraron más de 45.000 casos de personas que permanecieron en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas entre los países incluidos en el programa. Durante los primeros meses de aplicación del plan piloto esa cifra cayó de manera drástica.
Las autoridades también señalaron que alrededor de 20.000 solicitudes estuvieron sujetas al pago de una fianza y que aproximadamente la mitad de los interesados decidió no completar el trámite. Como consecuencia, la emisión de visas B1 y B2 para esos países disminuyó cerca de un 83 %.
La medida afecta a ciudadanos de 50 países, la mayoría ubicados en África. También incluye naciones de Asia, Oceanía y América Latina.
En el continente americano, los países alcanzados son Cuba, Nicaragua, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica y Granada.
El Departamento de Estado aclaró que la lista podrá modificarse en el futuro si considera que existen cambios en los niveles de permanencia irregular u otros factores migratorios.
La nueva normativa también establece condiciones específicas para quienes obtengan una visa sujeta a fianza.
Los viajeros únicamente podrán ingresar y salir de Estados Unidos mediante aeropuertos comerciales autorizados. No podrán utilizar pasos fronterizos terrestres, puertos marítimos ni terminales de aviación privada.
Las autoridades advierten que incumplir esta condición podría provocar problemas para registrar correctamente la salida del país, lo que podría interpretarse como una violación de los términos de la garantía.
El Gobierno estadounidense incluyó una excepción vinculada con la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Quedarán exentos del requisito los integrantes de las selecciones nacionales, sus cuerpos técnicos, personal esencial y familiares directos. También podrán acceder a la exención algunos aficionados de países afectados que hayan adquirido sus entradas dentro del plazo establecido y se hayan registrado en el sistema oficial de la FIFA.
No obstante, todos los beneficiarios deberán completar el proceso habitual de evaluación consular, ya que la exención de la fianza no implica una aprobación automática de la visa.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes cuestionaron la decisión al considerar que introduce una barrera económica para acceder a vías legales de ingreso a Estados Unidos.
Los críticos sostienen que exigir depósitos de hasta 20.000 dólares afecta especialmente a ciudadanos de países con menores ingresos y restringe el acceso al turismo, los negocios y los viajes familiares, mientras que el Gobierno defiende la medida como una herramienta efectiva para reforzar el cumplimiento de las normas migratorias.
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