Histórico juicio en El Salvador: piden penas de miles de años para líderes de la MS-13
La Fiscalía pidió condenas de miles de años de prisión por homicidios, extorsiones, desapariciones y otros delitos cometidos durante una década.
El mayor proceso judicial jamás realizado contra la Mara Salvatrucha (MS-13) llegó a su etapa decisiva en El Salvador. Tras tres meses de audiencias, la Fiscalía cerró la presentación de su caso y solicitó condenas de miles de años de cárcel para los principales líderes de la organización criminal, acusados de dirigir una estructura responsable de miles de delitos durante la última década.
El juicio colectivo, considerado inédito por su magnitud, involucra a 485 procesados, entre ellos los 22 integrantes de la denominada «ranfla histórica», el máximo órgano de mando de la MS-13. Ahora, el Tribunal Contra el Crimen Organizado deberá analizar una extensa cantidad de pruebas antes de emitir el fallo.
Un expediente con miles de pruebas
El proceso comenzó el 20 de abril y se desarrolló de manera virtual para gran parte de los acusados, recluidos en distintos centros penitenciarios del país, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele para albergar a integrantes de pandillas.
Antes de dictar sentencia, los jueces deberán revisar un expediente compuesto por 650 grabaciones de audio, más de 22.000 páginas de documentación, informes policiales, fotografías, autopsias y otras pruebas recopiladas por la Fiscalía.
Según la acusación, la estructura criminal operó entre 2012 y 2022 y fue responsable de 14.420 delitos, entre ellos homicidios, feminicidios, extorsiones, tráfico de drogas, tráfico de armas, desapariciones de personas y rebelión.
La acusación contra la cúpula de la pandilla
La Fiscalía sostiene que los máximos dirigentes continuaban ordenando asesinatos desde prisión mediante un mecanismo conocido como «apertura de válvulas», con el que autorizaban ataques ejecutados por miembros de la organización en libertad.
Las investigaciones también identificaron 230 células de la MS-13 distribuidas en diferentes zonas del país, lo que, según el Ministerio Público, demuestra el alcance nacional de la estructura criminal.
Además de las condenas penales, la Fiscalía solicitó que los acusados paguen 9 millones de dólares como reparación civil por los delitos de extorsión agravada.
Durante el juicio, 162 imputados hicieron uso de la palabra para responder a las acusaciones.
Penas que equivalen a cadena perpetua
El fiscal especializado contra el crimen organizado, Max Muñoz, anticipó semanas atrás que las penas solicitadas hacen prácticamente imposible que los condenados recuperen la libertad.
«No les alcanzan ni diez vidas para cumplir las condenas que enfrentarán», afirmó el funcionario al explicar el alcance de las sanciones solicitadas.
Muchos de los procesados ya cumplen condenas que, en la práctica, representan prisión de por vida.
La ofensiva de Bukele contra las pandillas
El juicio se desarrolla en el contexto de la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien declaró un régimen de excepción en marzo de 2022 tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas que dejó 87 víctimas en apenas tres días.
Desde entonces, las autoridades han detenido a unas 92.000 personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales, muchas de ellas sin orden judicial, bajo un régimen excepcional que continúa vigente tras sucesivas prórrogas aprobadas por el Congreso.
El gobierno sostiene que esta estrategia permitió reducir drásticamente los índices de homicidios y recuperar el control de territorios que durante años estuvieron dominados por las maras.
Cuestionamientos de organismos internacionales
La política de seguridad de Bukele también ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, que denuncian detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y posibles violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
Diversas ONG y organismos internacionales cuestionan además la independencia del sistema judicial salvadoreño y advierten sobre el riesgo de que personas inocentes permanezcan encarceladas bajo el régimen de excepción.
Mientras el tribunal analiza el voluminoso expediente, el país espera una sentencia que podría convertirse en uno de los fallos más importantes en la historia reciente de la lucha contra el crimen organizado en América Latina.
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