Trump presiona con dinero y sanciones a países africanos para recibir migrantes deportados
Estados Unidos amplía las deportaciones hacia países africanos mediante acuerdos reservados, ayuda económica y restricciones de visados.
La política migratoria del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente en África. Según testimonios de migrantes, abogados, exfuncionarios estadounidenses e informes de legisladores demócratas, Washington negocia con varios países africanos para que reciban a personas deportadas desde Estados Unidos, incluso cuando no son nacionales de esos Estados.
La estrategia combina presiones diplomáticas, restricciones de visados y ayudas económicas para convencer a gobiernos africanos de aceptar a migrantes expulsados. El resultado, denuncian organizaciones de derechos humanos, es que muchas personas terminan retenidas durante meses en países con los que no tienen ningún vínculo y sin una situación legal clara.
Uno de esos casos es el del camboyano Pheap Rom, quien, tras cumplir una condena en Estados Unidos, esperaba ser enviado a su país de origen. En cambio, fue trasladado a Esuatini, una monarquía del sur de África, donde permaneció encarcelado durante semanas en una prisión de máxima seguridad.
Una política basada en acuerdos reservados
De acuerdo con exfuncionarios del Departamento de Estado, la administración Trump impulsó una red de acuerdos con terceros países para ampliar las posibilidades de deportación cuando existen obstáculos legales para enviar a los migrantes a sus naciones de origen.
El mecanismo combina dos herramientas: por un lado, la amenaza de imponer restricciones de visados, aranceles o reducir la cooperación económica; por otro, la entrega de millones de dólares en asistencia financiera.
Un informe elaborado por senadores del Partido Demócrata sostiene que Esuatini habría aceptado recibir hasta 160 deportados a cambio de más de cinco millones de dólares, mientras que Ruanda habría negociado la recepción de hasta 250 personas mediante un paquete de ayuda superior a los siete millones de dólares, según datos citados por organizaciones internacionales.
Dos tercios de los países afectados por restricciones de visados estadounidenses se encuentran en África y, según distintas organizaciones, una parte importante de los acuerdos de recepción de deportados también involucra a Estados del continente.
Migrantes atrapados en un «agujero negro jurídico»
Abogados especializados en inmigración sostienen que muchas de estas personas quedan atrapadas en un limbo legal. En numerosos casos desconocen las razones de su traslado, permanecen detenidas sin cargos y carecen de acceso efectivo a representación jurídica o procedimientos de asilo.
Uno de los testimonios recogidos es el de Khalid, un joven protegido por la Convención contra la Tortura que, pese a contar con esa protección judicial, fue enviado a Guinea Ecuatorial. Allí las autoridades le comunicaron que no podía permanecer en el país y posteriormente intentaron devolverlo a su nación de origen, donde asegura haber sufrido persecución.
Otros migrantes fueron enviados a la República Democrática del Congo, Uganda, Camerún, Ghana e incluso Sudán del Sur. En algunos casos, según los abogados, sus familiares y representantes legales pasaron semanas sin conocer su paradero.
Diversos juristas afirman que nunca habían advertido a sus clientes que una protección contra la expulsión pudiera terminar con un traslado a un tercer país completamente ajeno a su nacionalidad.
Historias de deportados que llevaban años viviendo en Estados Unidos
La política también alcanzó a residentes de larga data. Roberto Mosquera, un ciudadano cubano que llegó siendo niño a Florida, fue detenido durante un control migratorio rutinario. Su familia creyó inicialmente que había sido enviado a Cuba, pero semanas después descubrió, a través de una fotografía difundida por autoridades estadounidenses, que estaba recluido en una prisión de Esuatini.
Otro caso es el de Benjamin, ciudadano nigeriano, residente permanente en Estados Unidos y casado con una estadounidense. Tras cumplir una condena por fraude, esperaba reunirse con su familia, pero terminó deportado a Ghana, desde donde posteriormente fue abandonado en la frontera con Togo, según el relato de su defensa.
Críticas por derechos humanos y respuesta de Washington
Organizaciones defensoras de los derechos humanos comparan este sistema con una forma de externalizar las deportaciones mediante acuerdos poco transparentes. También cuestionan que el número total de personas trasladadas, los países participantes y el contenido de los convenios permanezcan en gran medida bajo reserva.
La administración Trump rechaza esas críticas y sostiene que la prioridad es hacer cumplir las leyes migratorias. El Departamento de Estado afirma que la aplicación de la política de deportaciones constituye uno de los ejes centrales del gobierno y defiende la posibilidad de trasladar a migrantes a terceros países cuando no es viable su retorno al lugar de origen.
Mientras tanto, abogados continúan presentando recursos judiciales para intentar localizar a personas cuyo destino, en algunos casos, sigue siendo desconocido.
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