
Cuando las personas son deportadas desde Estados Unidos, enfrenta no solo la separación de su entorno y seres queridos, sino también la incertidumbre sobre qué sucederá con sus bienes y pertenencias.
Una situación que puede hacer vulnerable a un migrante que sea deportado durante las redadas que han sido activadas por el gobierno de Donald Trump contra la inmigración ilegal.
Las leyes de inmigración no confiscan automáticamente las propiedades o cuentas bancarias de una persona deportada. Si la persona tiene bienes inmuebles, estos siguen siendo de su propiedad, aunque administrarlos a distancia puede ser complicado. En muchos casos, los deportados asignan un poder legal a un familiar o abogado para manejar sus activos.
Si una persona es detenida y deportada repentinamente, su vehículo puede ser remolcado y sus pertenencias quedar bajo custodia del centro de detención. Algunas organizaciones ayudan a recuperar estos bienes, pero en muchos casos, si no se reclaman, pueden ser subastados o desechados.
Las cuentas bancarias en EE.UU. pueden seguir activas incluso después de una deportación, pero acceder a ellas desde otro país puede ser complicado sin una autorización previa. Los bancos pueden cerrar cuentas si no hay actividad prolongada o si el titular no puede verificarse.
Las deudas, como hipotecas, préstamos estudiantiles o tarjetas de crédito, no desaparecen con la deportación. Los acreedores pueden seguir buscando el pago y, en algunos casos, tomar acciones legales contra bienes del deportado en EE.UU.
Antes de que una persona enfrente un proceso de deportación, se recomienda:
Cada caso es único, por lo que contar con asesoría legal puede marcar la diferencia en la protección de los bienes de una persona deportada.

