Un tribunal de Guatemala sentenció este lunes a cinco años de prisión a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, acusada de revelar información confidencial, en una causa criticada por la comunidad internacional.
Ésta es la segunda condena contra Laparra, de 44 años, luego de que el 16 de diciembre de 2022 fue sentenciada a cuatro años de prisión en otro polémico juicio, señalado de haber denunciado a un juez sin poseer atribuciones para hacerlo.
«Por la comisión de este delito penal se le impone la pena de cinco años de prisión con carácter conmutable», dijo al leer el fallo el juez Moisés de León, del tribunal de Quetzaltenango, a unos 200 km al oeste de la capital.
Laparra, quien permanece con arresto domiciliario desde el 4 de enero tras dos años en prisión, era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en la ciudad de Quetzaltenango cuando fue arrestada en medio de una ola represiva contra fiscales y jueces que habían tenido a cargo casos sonados de corrupción.
Persecución contra operadores de Justicia
Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por la persecución contra una treintena de operadores de justicia, entre ellos Laparra, y otros que han salido al exilio.
Además, Amnistía Internacional considera a Laparra como una «presa de conciencia» y asegura que fue detenida y procesada por su labor antimafias.
El juez De León afirmó que durante el juicio, iniciado el 27 de mayo, se estableció que Laparra «es responsable del delito de revelación de información reservada en el grado de autoridad cometidos en contra de la administración pública y la administración de justicia».
Al exfiscal también le impuso una multa de unos 6.400 dólares y quedó incapacitado para optar a cargos públicos por 10 años.
Prisión domiciliaria
Además, De León explicó que Laparra puede continuar con prisión domiciliaria si paga 64 centavos de dólar por cada día de condena (1.168 dólares por los cinco años).
El presidente Bernardo Arévalo, en el poder desde enero, ha tratado de conseguir la salida de Porras, pero carece de atribuciones para destituirla. La cuestionada fiscal general tiene mandato hasta 2026.
