El régimen de Daniel Ortega sigue lanzado duras medidas en contra los opositores excarcelados y desterrados de Nicaragua que recientemente denunciaron que el gobierno les ha suspendido el pago de sus jubilaciones, una acción que también fue aplicada a los exiliados.
Entre los afectados está el economista y sociólogo, Irving Larios, quien por ser crítico de Ortega estuvo preso desde septiembre de 2021 hasta su expulsión a Estados Unidos junto a otros 221 opositores el pasado 9 de febrero.
Larios, de 63 años y que recibía una jubilación mensual equivalente a casi 800 dólares, calificó la medida de “una perversidad” ya que una veintena de los exprisioneros desterrados son personas mayores de 60 años.
Entre otros excarcelados con jubilaciones ya retenidas figuran tres exministros y un exdiplomático que pidieron no revelar sus nombres por temor a represalias del gobierno contra sus familias en Nicaragua.
La suspensión de las pensiones se estaría aplicando también a varios de los 94 opositores a quienes el gobierno les quitó la nacionalidad el 15 de febrero, día en que también anunció la confiscación de sus bienes por considerarlos “traidores a la patria”.