
Dos días le bastaron a la crisis de Ueno Bank para derribar a un presidente. Santiago Peña renunció este jueves a la presidencia de Paraguay, mientras la Cámara de Diputados debatía someterlo a juicio político y después de que su propio partido le diera la espalda. Asumirá el vicepresidente, Pedro Alliana, que completará el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, dijo Peña en un video difundido en la red social X.
El mandatario, que había asumido en agosto de 2023, pidió perdón al país. “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”, afirmó. Dijo estar convencido de que “ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay” y puso como prioridad la tranquilidad de los ahorristas, a quienes prometió que se garantizará la devolución de su dinero.
Sin embargo, no reconoció responsabilidad directa por la crisis. Según el ministro del Interior, Enrique Riera, que llegó al Congreso para notificar la renuncia, Peña intentó negociar su permanencia hasta el último momento. “La decisión no fue fácil”, admitió.
La caída se precipitó cuando Horacio Cartes, expresidente y titular del gobernante Partido Colorado, anunció que su fuerza acompañaría el juicio político. Cartes fue quien impulsó la candidatura de Peña en 2023 y controla la estructura partidaria. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, escribió.
El senador Natalicio Chase, jefe de la bancada oficialista en la Cámara Alta, había reclamado antes la renuncia del presidente. Horas antes de que dimitiera, el titular de Diputados, Raúl Latorre, aseguraba que Peña estaba convencido de su inocencia y quería dar batalla.
El pedido de destitución había sido presentado por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo. Para prosperar en Diputados necesitaba 53 de los 80 votos; luego, el Senado debía reunir 30 de 45 para destituirlo.
Con la renuncia en manos del Congreso, que debe aceptarla en una sesión bicameral, la sucesión ya está acordada. Alliana asumirá la jefatura de Estado y el senador Antonio “Tony” Barrios, mano derecha de Cartes, será elegido vicepresidente, según el consenso alcanzado en la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Desde el entorno de Alliana adelantaron que prepara un cambio total de ministros.
El Congreso deberá decidir si acepta la dimisión, lo que definirá si Peña conserva los fueros que le corresponden como senador vitalicio mientras enfrenta una denuncia penal. El senador Luis Pettengill ya advirtió que pueden sesionar para quitárselos y que responda ante la Justicia.
La Fiscalía General derivó la denuncia contra Peña a la unidad anticorrupción que investiga el caso Ueno, para determinar posibles responsabilidades.
La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central ordenó el proceso de resolución de Ueno Bank, entidad digital que había crecido aceleradamente desde que se convirtió en banco, a fines de 2023. El organismo detectó que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido y encontró créditos a empresas del mismo grupo por encima de los límites permitidos.
Ueno tenía cerca de tres millones de clientes, casi la mitad de la población, y administraba unos 850 millones de dólares de fondos públicos, entre ellos alrededor de 380 millones del Instituto de Previsión Social, que gestiona jubilaciones y salud. Sus servicios se suspendieron y los depósitos quedaron congelados.
El escándalo se volvió político por los lazos de Peña con el grupo. Fue accionista de Ueno Holding, del Grupo Vázquez, hasta 2025, y al llegar al poder designó al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, entonces máximo responsable de Ueno, que renunció esta semana. Para sustituirlo fue propuesto el economista Raúl Vera Bogado, cuyo nombramiento debe ratificar el Senado.
En el plano judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas por préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo en condiciones irregulares. Pidió prisión preventiva para Miguel Vásquez, mayor accionista y fundador del banco, y arresto domiciliario para otros siete directivos, detenidos el martes.
Los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.700 dólares). Una ley de emergencia promulgada el miércoles permite anticipos de hasta 40 salarios mínimos mensuales, 121,7 millones de guaraníes (cerca de 19.800 dólares), en un máximo de cinco días hábiles. La garantía de depósitos llega a 228,3 millones de guaraníes por persona (unos 38.000 dólares); lo que exceda ese tope dependerá del proceso de resolución.
Durante dos noches, cientos de personas se manifestaron en Asunción al grito de “devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña”, con choques con la policía, que usó gases lacrimógenos y camiones hidrantes. “Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”, afirmó la diputada opositora Rocío Vallejo.
La crisis reavivó el recuerdo de 2012, cuando el Congreso destituyó al presidente Fernando Lugo en menos de 48 horas, tras la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías. Aquel proceso, rápido y con una defensa de apenas dos horas, fue criticado internacionalmente y llevó al Mercosur a suspender a Paraguay. Esta vez, el presidente se adelantó a su propia caída.
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