Piden la destitución del presidente de Paraguay tras la caída del principal banco del país
Piden juicio político a Peña tras la caída de Ueno Bank, que congeló los ahorros de casi tres millones de paraguayos.
Casi tres millones de personas no pueden tocar su dinero, las calles de la capital se llenan cada noche de manifestantes que reclaman que se lo devuelvan y el presidente enfrenta el desafío político más grave de su mandato. La intervención de Ueno Bank, una de las mayores entidades financieras de Paraguay, derivó en menos de 48 horas en un pedido de juicio político contra Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.
Un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó este miércoles ante la Cámara Baja la acusación, respaldada por 35 firmas, y pidió una sesión extraordinaria para tratarla este jueves a las 10:00 hora local (13:00 GMT).
Un banco que llegó a tener a casi la mitad del país
El martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por insuficiencia de capital y abrió un proceso de resolución, con la suspensión de sus servicios. El organismo detectó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
El impacto es difícil de exagerar: más de 2,94 millones de clientes quedaron sin acceso a sus fondos, en un país de 6,4 millones de habitantes. Casi la mitad de la población tenía cuenta en el banco.
La crisis ya se cobró una cabeza: el presidente del BCP, Carlos Carvallo, renunció. Además, la justicia ordenó la detención de ocho directivos de Ueno tras una denuncia presentada por el propio Banco Central.
“Devuelvan nuestra plata”
Por segunda noche consecutiva, cientos de personas se concentraron en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes, el lugar donde los paraguayos suelen celebrar los triunfos de su selección de fútbol. Esta vez no había festejo. Los gritos de “devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña” resonaron hasta que la policía intentó dispersar a la multitud con camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Muchos se quedaron.
Durante el día, largas filas de clientes se formaron frente a las sucursales del banco. “Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar”, dijo Teresa Montiel, una médica de 50 años. Marcelino Vergara, de 68, lo resumió entre lágrimas: “Perdí los ahorros de toda mi vida”.
El malestar excede al banco. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, también reclamaron por el transporte, la salud y la falta de medicamentos. “Basta de privilegios”, gritó el artista Hamoudy Salem, conocido como “Mr. H”. La estudiante Luján Benítez caminó más de 50 kilómetros desde Nueva Italia para sumarse: “¿Qué tan mal tenemos que estar para salir a reclamar nuestros derechos?”.
Las acusaciones contra Peña
El texto presentado en Diputados pide el juicio político por “mal desempeño de sus funciones”. Entre los cargos figuran el presunto conflicto de intereses y los cuestionamientos por el aumento del patrimonio del mandatario.
La oposición sostiene que Peña tomó decisiones regulatorias presuntamente favorables a Ueno Bank y que concentró allí fondos previsionales, pese a sus vínculos pasados con la entidad. Peña tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025; según medios locales, las vendió en abril de ese año. El presidente de la entidad, hoy detenido, aseguró que el mandatario no tenía nexo alguno con el banco, aunque sí participación en Ueno Holding.
El escándalo tiene otras ramificaciones: se supo que millonarios recursos de organismos oficiales estaban depositados en la entidad, que además patrocinaba a equipos locales de fútbol y a la etapa paraguaya del Mundial de Rally. La crisis también impidió que Peña viajara a Madrid para la Cumbre Iberoamericana.
La respuesta del Gobierno
Peña promulgó una ley aprobada a toda velocidad por el Congreso para que los ahorristas cobren parte de los fondos de garantía “en el menor tiempo posible”. La norma prevé pagos de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante, unos 121,7 millones de guaraníes (cerca de 19.800 dólares), en un plazo máximo de cinco días hábiles. El BCP había anticipado un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, unos 1.675 dólares.
El Congreso también aprobó a uno de los tres candidatos propuestos por el Ejecutivo para recomponer el directorio del Banco Central, que según la Constitución es autónomo.
La medida no aplacó la protesta.
Una mayoría incierta
El camino hacia la destitución es empinado. La Constitución exige dos tercios de la Cámara de Diputados para enviar la acusación al Senado, que actúa como tribunal y necesita 30 de sus 45 votos para destituir al presidente.
El Partido Colorado, al que pertenece Peña, tiene mayoría propia en ambas cámaras, de modo que la oposición necesita sumar votos oficialistas. Un dato juega en contra del Gobierno: el presidente del partido, el expresidente Horacio Cartes, está distanciado de Peña.
Peña asumió en 2023 y su mandato termina en 2028. El antecedente más cercano de un juicio político exitoso es el de Fernando Lugo, destituido en 2012 tras una masacre de 11 campesinos y seis policías. Lugo había puesto fin en 2008 a 61 años de hegemonía colorada.
Ahora, la sesión de este jueves medirá cuánta fuerza conserva el oficialismo y cuánto pesa en el Congreso la indignación de la calle.
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