Asesinan en Chiapas a defensor indígena de desplazados por la violencia
Matan a balazos en Chiapas a Reynaldo Pérez, defensor indígena que estaba bajo protección del Estado mexicano.
El defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez, indígena tzotzil dedicado a acompañar a familias desplazadas por la violencia, fue asesinado a balazos este miércoles en el municipio de Chenalhó, en el estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven, informó que dos hombres a bordo de una motocicleta “abrieron fuego con un arma corta” contra el activista. Además, descartó que el crimen esté relacionado “con algún conflicto político o social”.
Siete disparos
Los primeros reportes indican que el ataque ocurrió dentro de un taller mecánico de la comunidad de Yabteclum, donde le dispararon siete veces. Otras versiones sostienen que pudo tratarse de una emboscada cuando se dirigía a su casa. En ambos relatos, los agresores huyeron en moto, según testimonios de habitantes de la zona.
Uno de sus colaboradores, que trabajó con él durante más de diez años, confirmó su muerte y admitió su temor de circular por la carretera, ante la falta de información sobre las condiciones de seguridad.
Protegido por el Estado, pero no a salvo
Pérez Pérez había sido incorporado en 2023 a un mecanismo del gobierno federal para proteger a activistas amenazados por su labor. En 2025, relatores de Naciones Unidas enviaron una comunicación al Estado mexicano para denunciar “presuntos ataques” contra él y contra otro activista indígena de Chiapas.
Su muerte vuelve a poner en cuestión la eficacia de esos esquemas de protección en una de las regiones más golpeadas por la violencia del país.
Una década de defensa de los desplazados
El activista dedicó más de diez años a la defensa de los derechos humanos. Acompañó a familias desplazadas de Santa Martha y Chenalhó, que permanecen refugiadas en Polhó, y denunció presuntos hostigamientos en su contra.
También fue mediador en el conflicto agrario entre Aldama y Chalchihuitán y participó en movilizaciones en Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Desde 2024 había ampliado su labor al acompañamiento de mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó.
Encabezó mesas de diálogo y marchas para exigir el retorno de las familias desplazadas, y se pronunció a favor del grupo armado Autodefensas del Pueblo El Machete, señalado por su presunta participación en la desaparición de 21 personas.
Un estado marcado por la violencia
Chiapas es escenario de la disputa de cárteles por rutas del narcotráfico y alberga a algunos de los pueblos indígenas más numerosos del país. La región de Chenalhó arrastra conflictos territoriales, desplazamiento forzado y denuncias de hostigamiento.
Según registros de monitoreo independiente, entre 14 y 20 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Chiapas entre 2016 y 2026. A eso se suman 156 ataques directos documentados entre enero de 2024 y mediados de 2025 por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y organizaciones como Espacio OSC, de los cuales al menos cuatro fueron homicidios.
Entre los casos más emblemáticos figuran los del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez (2024), el catequista Simón Pedro Pérez López (2021), el activista Sinar Corzo Esquinca (2019) y el dirigente indígena Noe Jiménez Pablo (2019).
En abril de 2026, la relatora de la ONU Mary Lawlor afirmó que los ataques contra defensores continúan en México pese a los esfuerzos oficiales, y subrayó la situación de Chiapas.
Hasta la tarde del miércoles no se habían difundido detalles oficiales sobre las diligencias ni la identidad de los responsables.
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