Migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en un centro de detención de San Diego
Un guatemalteco de 43 años murió detenido por ICE en San Diego: ya son 31 las muertes bajo custodia este año
Roberto Jiménez Gutiérrez, un inmigrante guatemalteco de 43 años, murió el sábado 24 de octubre bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego, California. La agencia confirmó el fallecimiento este martes y aseguró que la causa se investiga. Los resultados de la autopsia aún no se conocen.
Es la séptima persona que muere bajo custodia de ICE en California desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, y la primera en Otay Mesa en tres años. Con su caso, el Proyecto Nacional de Inmigración eleva a 31 el total de fallecidos en lo que va del año.
Los últimos minutos
Según la versión de ICE, el personal del centro lo vio en su celda de seguridad a las 11:31 de la mañana, hora local, e intentó despertarlo sin éxito. Se declaró una emergencia médica y se llamó al 911. La reanimación cardiopulmonar comenzó a las 11:38. Los paramédicos del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California llegaron a las 11:52 y continuaron las maniobras. A las 12:23 fue declarado muerto, antes de poder ser trasladado a un hospital.
CoreCivic, la empresa privada que administra el recinto, expresó que le “entristece profundamente la pérdida de cualquier persona” bajo su cuidado. La oficina del médico forense del condado realizó la autopsia el lunes y determinará la causa y la forma de la muerte.
Quién era y por qué estaba detenido
Jiménez fue arrestado el 9 de octubre en Escondido durante un operativo de control migratorio. ICE restableció una orden de expulsión anterior y lo trasladó a Otay Mesa a la espera de ser deportado a México.
La agencia detalló que había sido expulsado en 2006 y dos veces más en 2008. En 2016 fue detenido en un puerto de entrada de Texas y liberado a la espera de revisar una solicitud de alivio migratorio, pero no se presentó a la cita. ICE también difundió sus antecedentes: una condena de julio de 2024 por vender alcohol a un menor y arrestos previos por cargos como agresión a su cónyuge, abuso infantil y alteración del orden público. De esos antecedentes, solo la venta de alcohol figura como condena.
“Una familia ha perdido a un ser querido”
La reacción política fue inmediata. Las supervisoras del condado de San Diego Terra Lawson-Remer y Paloma Aguirre exigieron transparencia y rendición de cuentas. “Aún no sabemos qué causó su muerte, pero sabemos que una familia ha perdido a un ser querido. Merecen respuestas”, dijo Lawson-Remer.
Aguirre, en cuyo distrito se ubica el centro, anunció que enviarán una carta a ICE para pedir plena cooperación con la investigación del condado y la conservación de todos los registros sobre la detención, la atención y la muerte del hombre. También reclaman un cronograma de la atención médica que recibió, incluido cualquier problema de salud o pedido de asistencia. El representante federal Juan Vargas pidió una reunión informativa inmediata con la administración Trump.
ICE sostuvo que garantiza entornos “seguros, protegidos y humanos”, con evaluaciones médicas dentro de las 12 horas de la llegada, una revisión completa en 14 días y atención de emergencia las 24 horas. Informó además que notificó a los familiares más cercanos y al Consulado de Guatemala.
Un centro bajo la lupa
La muerte ocurre en medio de una disputa judicial. Otay Mesa, con casi 2.000 camas, pertenece a ICE pero lo opera CoreCivic. El condado presentó una demanda para inspeccionar sus instalaciones y un juez federal de San Diego dictó una orden preliminar que obligó a permitir la visita, realizada en junio. La demanda sigue en curso.
El informe del condado, publicado en agosto, concluyó que el centro cumplía en general con las normas estatales recomendadas. Pero los inspectores detectaron que el personal médico no notificó correctamente dos casos sospechosos de tuberculosis, que a un paciente no se le entregó un dispositivo médico necesario 18 meses después de su ingreso y que el lugar carecía de vacunas. Las supervisoras piden ahora un acuerdo de acceso permanente para las inspecciones de salud pública y un informe de las medidas correctivas.
Una cifra que crece
La muerte llega apenas un día después de otra: la del salvadoreño Luis Sandoval, de 48 años, que según ICE se habría quitado la vida el 23 de octubre en un centro de procesamiento de Georgia.
Una investigación publicada en abril en la revista médica JAMA concluyó que la tasa de mortalidad en los centros de ICE alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas y que las deficiencias en la atención médica se agravaron.
Existe, además, una diferencia en el conteo. El Proyecto Nacional de Inmigración incluye a quienes murieron dentro de los 30 días posteriores a su liberación de la custodia. ICE dejó de reportar esos casos en junio por un cambio de normativa, por lo que las cifras de la agencia y las de las organizaciones no coinciden.
Mientras la autopsia define las causas, la familia de Jiménez espera respuestas que, hasta ahora, nadie ha podido darle.
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