Fiscalía de Perú archiva caso de esterilizaciones forzadas en mandato de Alberto Fujimori

La Fiscalía de Perú archivó la investigación que seguía sobre las esterilizaciones forzadas registradas durante el mandato presidencial de Alberto Fujimori (1990-2000), a causa de una ley promovida por el fujimorismo que impide calificar como violaciones a los derechos humanos aquellos delitos cometidos antes de 2002, al contrario del criterio internacional.

Dentro de los imputados en la investigación estaba el expresidente Alberto Fujimori, hasta que falleció en 2024; y hasta el momento también estaban procesados en la causa varios exministros del padre de la actual presidenta, Keiko Fujimori, entre ellos el exministro de Salud y actual senador fujimorista, Alejandro Aguinaga.

El expediente ahora archivado, que publican este martes los medios locales, recogía los casos de 4.172 personas sometidas presuntamente de manera forzada o sin el debido consentimiento previo a ligadura de trompas o vasectomía, como parte de la aplicación de ‘Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000’, lo que incluye varios episodios que acabaron en al menos cinco muertes.

Fujimorismo

El fiscal a cargo del caso dispuso en contra de su voluntad el archivo de la investigación para cumplir con la ley, impulsada por el fujimorismo el año pasado desde el Parlamento.

Según manifestó el magistrado en su resolución, «existen elementos de convicción que constituyen indicios reveladores de la comisión de delitos de lesiones graves y muertes, derivados de las intervenciones quirúrgicas practicadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las personas afectadas, debido a los vicios que afectaron a su formación o manifestación, lo que les confiere el carácter de esterilizaciones forzadas».

«Asimismo, se ha individualizado a los presuntos autores mediatos (con dominio del hecho) y directos, (…) sin embargo, la acción penal se encuentra extinguida» debido a que la ley instaurada el año pasado no permite configurarlo como un delito de lesa humanidad, detalló el fiscal.

«Esta conclusión no supone desconocer la gravedad de los hechos investigados, negar las afectaciones verificadas ni restar valor a los elementos de convicción examinados. Por el contrario, las esterilizaciones forzadas investigadas reúnen los elementos constitutivos de un crimen de lesa humanidad, conforme al derecho penal internacional», agregó.

Congresista Fujimorista Fernando Rospigliosi

Sin embargo, el fiscal señaló que se ve obligado a respetar la jurisprudencia nacional, donde la Ley 32107, promovida a iniciativa del congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, señala que no se pueden calificar como delitos de lesa humanidad aquellos hechos cometidos antes de 2002, cuando Perú adoptó el Estatuto de Roma.

A la vez que se archivaba el caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú publicaba a través de sus canales oficiales la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de Celia Ramos Durand, la primera víctima mortal reconocida de las esterilizaciones forzadas desarrolladas en Perú bajo la administración de Fujimori.

La Cancillería peruana publicó el fallo en cumplimiento de la sentencia, en la que se declaró al Estado peruano como responsable de la muerte de Ramos Durand.

La sentencia señaló que ese programa «derivó en más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido, afectando principalmente a mujeres indígenas y en condición de pobreza o pobreza extrema».

En ese contexto, los jueces ordenaron al Estado avanzar en la investigación de la muerte de Ramos y sancionar a los responsables, aprobar un instrumento normativo sobre la obtención de consentimiento informado en materia de salud sexual y reproductiva, diseñar e implementar una política pública sobre la materia y otra para la reparación de víctimas de esterilización forzada.