
La política ecuatoriana sumó un nuevo capítulo explosivo. La policía detuvo este jueves a Luisa González, excandidata presidencial de izquierda y principal figura de la oposición al presidente Daniel Noboa, por un presunto delito de lavado de activos vinculado a la campaña electoral de 2023. El arresto se produce a poco más de cinco semanas de unas elecciones locales de las que su partido, Revolución Ciudadana, quedó fuera.
González, de 48 años, fue arrestada en la madrugada en su casa de Canuto, la localidad rural de la provincia costera de Manabí donde creció. En el mismo operativo cayeron otras dos personas, entre ellas una asistente suya vinculada a la administración de las cuentas de campaña. Los agentes allanaron los domicilios de los detenidos y se llevaron equipos informáticos.
El expediente se conoce como caso Laberinto. La Fiscalía sostiene que los involucrados montaron “un entramado” para canalizar unos 500.000 dólares, y busca establecer el origen de los fondos usados para pagar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. Según medios locales, una de las líneas de investigación apunta a si la campaña recibió dinero de una empresa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hoy preso.
Entre los investigados figura también Santiago Díaz, exjefe de campaña de González, expulsado de Revolución Ciudadana y condenado en primera instancia en mayo a 29 años y 4 meses de cárcel por violar a una menor.
González permanece en dependencias policiales a la espera de una audiencia de formulación de cargos. Allí un juez decidirá si sigue el proceso en libertad o si impone medidas más severas, que en el peor de los casos implican prisión preventiva.
La excandidata respondió con una carta difundida en la red X. “Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda”, escribió, y aseguró que bajo la “dictadura de Noboa” el ataque a las libertades y la persecución política son “una realidad permanente”. Prometió responder “con la dignidad” de quienes “nada deben”.
El expresidente Rafael Correa, que vive autoexiliado en Bélgica, reaccionó desde la misma red: “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá”.
La presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, fue más lejos. Afirmó que el caso es “un proceso ya juzgado” ante el Tribunal Contencioso Electoral, que se resolvió con una multa de más de 6.000 dólares, y se preguntó si el Gobierno tiene “tanto rechazo del pueblo” que debe “arrestar autoridades”. Según su versión, se trata de “shows mediáticos” para tapar las crisis energética, de salud, educativa y de seguridad. Anunció que llevará el caso a organismos internacionales.
Una fuente de la Fiscalía aclaró que esta investigación no tiene relación con el caso Caja Chica, abierto a comienzos de año, en el que González ya era investigada por un presunto financiamiento irregular de su campaña de 2023 con dinero en efectivo traído desde Venezuela. Ella rechaza esa acusación.
El arresto llega en medio de una larga pugna entre el correísmo y el Gobierno. En marzo, Revolución Ciudadana, el mayor partido opositor, fue inhabilitado por nueve meses a raíz de una investigación fiscal por lavado de activos. Luego, la autoridad electoral adelantó a noviembre los comicios locales previstos para 2027, y la sanción vigente le impidió inscribir candidatos.
El partido buscó el auspicio de otras fuerzas, pero no todas las candidaturas prosperaron. La de González a la prefectura de Manabí, histórico bastión correísta, fue rechazada en septiembre tras objeciones del oficialista ADN y del derechista Creo.
Otros dirigentes del movimiento ya están tras las rejas. Aquiles Álvarez acumula dos condenas, una por comercialización ilegal de combustible subsidiado, y el exvicepresidente Jorge Glas cumple condena por corrupción en una cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Noboa.
Simpatizantes correístas se concentraron frente a la Unidad de Flagrancia en Quito, una veintena bajo fuerte lluvia, y frente al Cuartel Modelo de Guayaquil, donde fue trasladada González, con varias decenas. Corearon consignas como “dictadura no, democracia sí” y “no está sola”.
Desde el exterior llegó una señal de alerta. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, dijo seguir el caso “con preocupación” en un proceso electoral “marcado por el cambio de fecha y la cancelación y suspensión de partidos”, y reclamó que se le den a González “todas las garantías de defensa y debido proceso”.
González perdió ante Noboa el balotaje de 2023, con 48% de los votos, y volvió a perder en 2025, en un país golpeado por la violencia del narcotráfico. Ahora, con su futuro judicial en manos de un juez y la campaña local en marcha, Ecuador entra en la recta final electoral con su principal opositora detenida.
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