
Una jueza federal de San Diego ordenó al Gobierno de Donald Trump poner en marcha la lotería de visas 2027, después de que el Departamento de Estado retrasara las inscripciones y argumentara posteriormente que ya era demasiado tarde para realizar el proceso.
La jueza Jinsook Ohta concedió el 14 de octubre una medida cautelar solicitada por un despacho migratorio. La demanda busca preservar el Programa de Visas de Diversidad, conocido popularmente como la lotería de la green card, que contempla hasta 55.000 visas anuales.
El fallo exige al Departamento de Estado habilitar las inscripciones electrónicas y mantener abierto el registro durante 30 días, respetando los requisitos legales y documentales del programa.
Aunque la orden original establecía plazos más inmediatos, posteriormente se dio una modificación del calendario judicial.
Según el despacho, las nuevas fechas límite son el 29 de octubre de 2026 para anunciar el período de registro y el 1 de noviembre para abrir las inscripciones.
El anuncio deberá precisar las fechas de apertura y cierre, el sitio web habilitado para participar y los requisitos correspondientes. Estas fechas responden al calendario ordenado por el tribunal; no significan que el registro ya esté disponible.
El equipo demandante presentó en agosto una demanda contra el secretario de Estado, Marco Rubio, por la falta de apertura del programa.
Curtis Morrison, fundador del despacho, sostuvo que la demora equivalía a una cancelación de hecho de la lotería. Según su argumento, el Gobierno no podía dejar sin efecto un programa establecido por ley simplemente evitando iniciar las inscripciones.
De acuerdo con Courthouse News, la administración había defendido que el tiempo disponible ya no permitía implementar el proceso. El despacho cuestionó esa posición y acusó al Gobierno de prolongar los retrasos hasta utilizar el calendario como justificación para no celebrarlo.
La resolución también exige recibir las participaciones electrónicas que cumplan los requisitos, notificar a las personas seleccionadas y tramitar sus solicitudes conforme a los procedimientos habituales.
El procesamiento deberá continuar hasta que se agoten las visas disponibles o llegue el 30 de septiembre de 2027, lo que ocurra primero, sujeto a la legislación aplicable.
La medida cautelar obliga a poner en marcha el proceso, pero no supone la concesión automática de la residencia a quienes participen. La orden mantiene los requisitos y controles previstos para la adjudicación de las visas.


