
Una adolescente de 15 años que fue dada por muerta, colocada en un ataúd y llevada a un velorio abrió los ojos horas después y se sentó dentro del féretro. El episodio, que se volvió viral por un video, ocurrió en Sacapulas, departamento de Quiché, en Guatemala, y derivó en una investigación del Ministerio Público contra su padre, el pastor evangélico Abraham Ixcotoyac.
El caso plantea una pregunta central para las autoridades: quién decidió considerar fallecida a la joven, Yuleidy Ixcotoyac, si nunca existió un documento médico que lo certificara.
Según relató el propio pastor a medios locales, creyó que su hija había muerto mientras la trasladaba hacia un hospital. En lugar de continuar hasta el centro asistencial, consiguió un ataúd y pidió a una funeraria que llevara a la adolescente hasta su casa dentro del féretro.
Ixcotoyac reconoció que no tenía un acta de defunción que acreditara oficialmente la muerte. Fue más tarde, durante el velorio, cuando la joven fue vista con vida, lo que generó conmoción entre los presentes.
El pastor aseguró que una revelación divina lo llevó a trasladar a su hija a un templo para velarla. La familia, además, justificó sus actos en su escasa preparación académica y en el desconocimiento de los procedimientos legales para confirmar un fallecimiento.
El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo negligencia, simulación del fallecimiento, incumplimiento de los procedimientos legales u otras irregularidades.
Según el periodista Alejandro Esquite, de Noti7, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) indicó que el caso podría ser judicializado, porque no se cumplió el protocolo correspondiente: la joven nunca llegó a una morgue ni se completó el procedimiento para certificar la defunción.
Las autoridades también evalúan la salud de la adolescente para establecer si padecía alguna enfermedad que explique lo sucedido. Se contemplan estudios de su corazón y de su cerebro. Los primeros exámenes indican que se encuentra sana.
Además, los testimonios recabados presentan inconsistencias que deberán analizarse durante el proceso.
Distintas versiones mencionan penas de hasta cinco años de prisión por conductas vinculadas con la simulación de hechos, y de entre cinco y seis años si se configurara estafa o fraude. Sin embargo, esas cifras dependen del delito que finalmente determinen las autoridades y de la participación de cada persona involucrada.
Por ahora, no se ha presentado una acusación específica ni existe condena alguna contra el pastor, su hija u otras personas. Tampoco hay una conclusión oficial de que el pastor haya fingido deliberadamente la muerte de la joven o que haya organizado una supuesta resurrección.
La difusión de videos del episodio en teléfonos celulares y redes sociales generó debate y escepticismo entre los usuarios sobre las circunstancias en que se produjo el supuesto fallecimiento. Mientras tanto, las diligencias continúan para establecer cómo se originó la confusión sobre el estado de la menor y si las actuaciones de los involucrados podrían derivar en responsabilidades penales.
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