
Najmeh Amini, una estudiante iraní de contabilidad de 23 años, fue condenada a muerte por blasfemia a raíz de publicaciones en redes sociales. Está presa en la cárcel de Vakilabad, en la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán, y cumple además una condena de más de 12 años en otro proceso. Ambas sentencias todavía pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo.
El caso encendió las alarmas de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el uso creciente de la pena capital contra la disidencia en el país.
Según Iran Human Rights, organización con sede en Oslo, Amini fue juzgada por la Sección 6 del Tribunal Penal Uno de la provincia de Jorasán Razavi, presidida por el juez Javad Asian-Yazd. Fue sentenciada a muerte por el cargo de “sabol-nabi”, es decir, insultar al profeta Mahoma. La sentencia fue dictada el 16 de septiembre, según relató la propia joven.
El contenido de las publicaciones no fue revelado. Una fuente cercana a la familia dijo a la organización HRANA que la policía cibernética iraní, conocida como Fata, la vigiló en internet aunque su perfil era privado.
La defensa sostuvo que escribió los comentarios mientras sufría alucinaciones tras consumir hongos con amigos, y su abogado habló de un desliz verbal. La ley iraní prevé excepciones para quien habla bajo los efectos de sustancias o sin intención deliberada, aunque en esos casos puede imponerse una pena de hasta 74 latigazos. El tribunal rechazó el argumento. Según el diario iraní Khorasan, durante la audiencia la fiscalía le preguntó por qué, si estaba bajo los efectos de un alucinógeno, no había insultado también a Estados Unidos o a Israel.
Amini fue arrestada el 31 de enero en un centro comercial de Mashhad, en medio de las protestas que sacudieron el país. Esas movilizaciones comenzaron a fines de diciembre de 2025, tras el desplome del rial frente al dólar, y derivaron en consignas contra el régimen.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que sufrió graves agresiones físicas durante la detención y que pasó casi tres meses aislada en el pabellón de seguridad de la prisión. En el otro proceso, ante el Tribunal Revolucionario de Mashhad, recibió 12 años, seis meses y un día de cárcel por cargos que incluyen actuar contra la seguridad nacional y difundir propaganda contra el régimen.
En septiembre, la joven logró hacer llegar un audio desde la cárcel. Pidió a la ONU, a abogados y a organizaciones de derechos humanos que intervengan. “Soy una joven inocente con tantas esperanzas y sueños”, dijo.
“No pretendo convertirme en una heroína hoy. Solo quiero una cosa: que sean mi voz”, declaró. Y agregó: “Recuerden mi nombre, puede que no vuelva a hablar. Pero mientras viva, albergo una esperanza”.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, calificó la condena como “extremadamente alarmante” y advirtió que el caso corre el riesgo de ampliar el uso de la pena de muerte contra la expresión pacífica en línea. Recordó que, aunque la blasfemia conlleva la pena capital en Irán, las ejecuciones por ese cargo son relativamente raras: dos hombres fueron ejecutados por ese delito en mayo de 2023.
El caso se conoce en un contexto de escalada. Según Iran Human Rights, el país ya llevó a cabo más de 600 ejecuciones este año. Amnistía Internacional denunció que entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre fueron ejecutados cinco jóvenes condenados por participar en las protestas, y habló de un patrón de falta de acceso a abogados durante los interrogatorios y de confesiones obtenidas bajo tortura. Los grupos de derechos humanos sostienen que las autoridades usan la pena capital para sembrar el miedo.
Según esos grupos, la represión de las protestas dejó más de 50.000 detenidos y 7.000 muertos, aunque otras organizaciones elevan la cifra a más de 10.000. Además, el Parlamento iraní estudia castigar el contacto con medios extranjeros, incluidas las publicaciones en redes sociales que se consideren financiadas desde el exterior.
El gobierno iraní defendió anteriormente la pena de muerte para “los delitos más graves”. La condena a Amini todavía no fue ratificada por el Tribunal Supremo.
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