
El fusilamiento de Nidal Hasan, el exmayor del Ejército condenado a muerte por la masacre de Fort Hood, será público y se transmitirá en directo. Así lo anunció el Pentágono, en una decisión que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó este viernes como una forma de “tortura”. La ejecución está prevista para el 3 de diciembre y será la primera que realicen las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, de que sea público”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un video difundido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono. “La gente tiene que entender que hay serias consecuencias ante este tipo de actos”, agregó.
Un funcionario del Pentágono confirmó a la AFP que la ejecución “será transmitida en vivo” y que “se darán más detalles”. Por ahora, el Departamento de Defensa no precisó cómo se garantizará el acceso del público: no está claro si habrá espectadores en la base, una retransmisión o algún otro mecanismo. Tampoco se informó cuántos soldados integrarán el pelotón ni cómo serán elegidos.
Hegseth sí adelantó que la ejecución se realizará a la una de la tarde en Fort Hood, Texas, el mismo lugar del ataque, algo que consideró “obvio”. Consultado por una eventual última petición del condenado, respondió: “No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue categórica. Recordó que, como ya sostuvo frente a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, estas constituyen una forma de trato o pena “cruel, inhumano o degradante”. Y advirtió que la retransmisión en directo “equivale a una ejecución pública” y “violaría la prohibición absoluta de la tortura”.
Las críticas también llegaron desde la política estadounidense. El senador demócrata Chris Murphy calificó la decisión de “repugnante”. “Comprendo que en este país tenemos la pena de muerte, pero las ejecuciones públicas son medievales”, dijo a CNN.
Según Amnistía Internacional, en 2025 se conocieron al menos 17 ejecuciones públicas en el mundo: seis en Afganistán y 11 en Irán.
La de Hasan será la primera ejecución militar en Estados Unidos desde 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violación e intento de homicidio. Será además la primera por fusilamiento desde 1945. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 135 soldados han sido ejecutados por el ejército estadounidense desde 1916.
El presidente Donald Trump aprobó la ejecución a recomendación de Hegseth, según informó el Pentágono a comienzos de esta semana.
Hasan, psiquiatra militar musulmán de origen palestino, mató a 13 personas el 5 de noviembre de 2009 en la base de Fort Hood, en un ataque que las autoridades describieron como inspirado en Al Qaeda. Doce de los fallecidos y 30 de los heridos eran soldados. Una policía civil le disparó y Hasan quedó parcialmente paralizado.
En 2013, un jurado militar lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato, y lo condenó a muerte. Durante el juicio asumió su propia defensa, pero no llamó a testigos, no declaró ni intentó negar los cargos. Los abogados designados por el tribunal creían que buscaba la pena capital.
Al jurado se le informó que se oponía a las ocupaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán, y que había hablado con el clérigo radical Anwar al Awlaki, de origen yemení y ciudadanía estadounidense, muerto años después en un ataque con drones en Yemen.
Aunque las masacres a tiros son frecuentes en Estados Unidos, resultan relativamente raras en instalaciones militares. En 2025, un soldado hirió a cinco compañeros en una base de Georgia. En 2019, un marine mató a dos personas en Hawái y un alumno militar saudita asesinó a tres en Florida. En 2015, un ataque contra dos instalaciones militares en Tennessee mató a cuatro marines y un marinero; el FBI lo vinculó a un “grupo terrorista internacional”.
Mientras Washington prepara un fusilamiento que quiere mostrar al mundo, la discusión ya cruzó fronteras: para el gobierno, es una advertencia; para la ONU, una violación de las normas más básicas de los derechos humanos.
Más información:

