Murió Maricarmen, la anciana desalojada que sacudió a España y adelantó las elecciones

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo de un apartamento de Madrid desató una ola de protestas en España, murió el miércoles en un hospital. Se convirtió en el símbolo de una crisis de vivienda que desbordó las calles y terminó por forzar un adelanto electoral.

«Maricarmen vive, la lucha sigue», cantaban centenares de manifestantes cerca del Congreso de los Diputados. Muchos llegaban desde la cercana Puerta del Sol, donde desde hace más de diez días acampan personas que reclaman el derecho a la vivienda. Allí, el ambiente era de duelo: hileras de velas entre las tiendas de campaña, abrazos y un minuto de silencio.

La imagen que conmovió a un país

Abascal había vivido siete décadas en el mismo apartamento, en el acomodado barrio madrileño de Retiro. El 23 de septiembre fue desalojada, después de que la empresa propietaria intentara subir con fuerza su alquiler. Su salida en camilla, entre los gritos de rabia de quienes habían ido a apoyarla, recorrió el país.

Según informó EFE, tenía un contrato de renta antigua asequible, firmado originalmente por su padre y luego subrogado a su madre. La empresa, tras comprar el inmueble, consideró extinguido ese contrato y le exigió un nuevo alquiler que ella no podía pagar. Pese a los intentos de negociación, el desahucio se llevó a cabo y la mujer fue ingresada en un hospital.

Las protestas posteriores lograron que la empresa aceptara un pacto para que pudiera volver a su casa al recibir el alta. Su delicado estado de salud ya no se lo permitió.

El Sindicato de Inquilinas comunicó el fallecimiento y destacó su «ejemplo de lucha». Sostuvo que las reacciones a su desalojo «suponen un antes y un después en la historia de este país».

«A Maricarmen la han matado»

El dolor se mezcló con la furia en la calle. «A Maricarmen la han matado. Han hecho que a una señora de 87 años sus últimos días sean de angustia y en un hospital», dijo, con la voz quebrada, Nora Boumghait, trabajadora de marketing de 25 años. «Si esto ha empezado por ella, va a seguir por ella», añadió.

Entre los acampados, muchos advierten que el reclamo va más allá de un caso. «Maricarmen fue la chispa o la gota que colmó el vaso, pero esto va más allá, se necesitan soluciones reales», dijo uno de ellos, que calificó de «parches temporales» las medidas del Gobierno. Tras doce noches de lluvia y frío, el cansancio también empieza a notarse en el campamento.

Condolencias políticas y un país en precampaña

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, expresó en la red X su «cariño» a la familia y afirmó que siente la pérdida «como propia». El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió «ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada».

El caso llegó en medio de una tormenta política. Ante la presión de las protestas, el Gobierno promovió la semana pasada dos decretos con medidas para contener la crisis, pero el Congreso los tumbó el viernes. El lunes, Sánchez anunció elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Los principales sindicatos, UGT y CCOO, junto con el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones, convocaron una huelga general para el 11 de noviembre. Reclaman «mejores salarios» y «una vivienda digna».

Una crisis que va mucho más allá de un caso

Madrid encabeza el ranking mundial de ciudades codiciadas por el mercado inmobiliario de lujo en 2025 y 2026, según la red Barnes. Sin embargo, tiene apenas unos 10.000 pisos de vivienda social para 3,5 millones de habitantes.

Los números ayudan a entender el malestar. El salario bruto medio en España ronda los 2.460 euros mensuales, aunque suele cobrarse en 14 pagos. En septiembre, alquilar un piso de 50 metros cuadrados en Madrid costaba en promedio 1.170 euros mensuales, según el portal Idealista. Eso equivale a casi la mitad del salario bruto medio, muy lejos del 30% que suelen recomendar organismos públicos y especialistas.

Muchos españoles apuntan contra las plataformas de alquiler turístico, como Airbnb, y contra los fondos de inversión, a los que los manifestantes y el Gobierno llaman «fondos buitre». Los acusan de disparar los precios y reducir la oferta para los residentes.

El fin del sueño de ser propietario

El problema golpea en un país donde la propiedad está profundamente arraigada. Casi tres de cada cuatro hogares son dueños de su vivienda principal, un legado en parte de la dictadura de Francisco Franco, cuyo ministro de Vivienda llegó a decir que no querían «una España de proletarios, sino de propietarios».

Pero el modelo se resquebraja: algo más de la mitad de los menores de 30 años vivía de alquiler en 2025, según el INE.

Para Jorge Galindo, director del Centro de Políticas Económicas de Esade, la oferta no responde desde la crisis financiera de 2008. «En los noventa terminábamos unas 260.000 viviendas al año, en 2025 fueron 92.000», explicó, y advirtió del riesgo de una sociedad «de herederos».

La derecha defiende construir más. El Gobierno de Sánchez impulsó en 2023 una ley con más vivienda social, un tope a los alquileres en zonas tensionadas y sanciones a propietarios con pisos vacíos, pero el texto no logró frenar la escalada de precios.

Galindo señala una paradoja a unos 50 días de las elecciones: quienes más sufren la crisis son quienes menos pesan en las urnas, como los jóvenes, que votan menos, y los inmigrantes, que en buena parte no pueden votar.

«El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto», lamentó el Sindicato de Inquilinas. En Sol, mientras tanto, las velas siguen encendidas y la acampada, de momento, no se levanta.

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