
Un juez federal de Massachusetts bloqueó el procedimiento utilizado por la Administración de Donald Trump para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a inmigrantes que permanecen en Estados Unidos pese a tener órdenes de salida. Algunos afectados han llegado a acumular deudas de hasta 1,8 millones de dólares.
El juez de distrito George O’Toole Jr., de Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula estas multas y las sanciones emitidas bajo ese procedimiento después del 27 de julio de 2025, mientras continúa el litigio.
“Esto significa que el Gobierno no puede hacer cumplir estas multas mientras el caso sigue su curso”, indicó en un comunicado la Legal Aid Society, que representa a los demandantes junto con otras organizaciones de servicios legales.
O’Toole consideró que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que la normativa utilizada para imponer las sanciones es ilegal.
Entre otros motivos, cuestionó que el Gobierno no hubiera valorado adecuadamente las circunstancias individuales de los afectados y concluyó que el cobro de las multas podría llevar a los demandantes a la insolvencia.
La suspensión permanecerá vigente mientras se desarrolla el litigio.
La demanda, presentada en noviembre de 2025, impugna una política que, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha afectado a más de 100.000 personas en todo el país.
Las sanciones han sumado un valor aproximado de 84.000 millones de dólares desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Según Legal Aid Society, las multas se han impuesto a personas que solicitan legalmente algún tipo de alivio migratorio, como el ajuste de estatus; que cumplen con las órdenes de supervisión de ICE, o que aseguran no poder regresar de forma segura a sus países de origen.
Las demandantes Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, se enfrentaron a sanciones de cientos de miles de dólares y de hasta 1,8 millones, respectivamente.
Según la organización, ambas mantenían contacto con las autoridades de inmigración y seguían los procedimientos legales disponibles para solicitar un estatus legal en Estados Unidos.
Una de ellas obtuvo posteriormente una visa de inmigrante y fue admitida como residente permanente legal, agregó Legal Aid Society.
A comienzos de 2025, la Administración Trump retomó la aplicación de una disposición de la ley de inmigración que permite imponer multas civiles a determinados inmigrantes que no abandonen Estados Unidos tras recibir una orden de remoción o de salida voluntaria.
En junio de ese año, el DHS y el Departamento de Justicia modificaron el procedimiento para imponer y recurrir estas sanciones.
Entre los cambios, eliminaron la obligación de emitir previamente una notificación de intención de multa y redujeron el plazo para recurrir las sanciones.
“Este fallo representa una victoria crucial para las familias inmigrantes que fueron amenazadas ilegalmente con la ruina financiera”, indicó Legal Aid Society.
Con información de EFE


