
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos se prepara para otra expansión masiva de su personal. La agencia planea incorporar 5.000 nuevos empleados antes de que termine 2026 para acelerar la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump, según informó el diario The New York Times, que cita a cuatro personas familiarizadas con el plan.
La mayoría de los nuevos trabajadores serán oficiales de deportación, encargados de tareas que van desde localizar y arrestar a inmigrantes hasta gestionar sus casos y ejecutar las órdenes de expulsión. Serán desplegados en las oficinas que la agencia tiene en todo el país.
La nueva ola de contrataciones supondría un aumento de alrededor del 17 % en la plantilla de ICE, que ya vivió una expansión sin precedentes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Según datos federales, la agencia sumó unos 8.000 empleados y llegó a 29.000 en julio.
El refuerzo se financiará con los fondos extraordinarios aprobados por el Congreso en 2025 dentro de la megaley fiscal impulsada por Trump, conocida como la «Big Beautiful Bill», que destinó decenas de miles de millones de dólares a la aplicación de las leyes migratorias. El presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el año fiscal 2026 planteaba como objetivo disponer de recursos para un millón de expulsiones y 100.000 camas de detención.
La contratación llega en un momento en que la presión por aumentar los arrestos se intensifica. Algunos agentes recibieron instrucciones de trabajar hasta siete días a la semana para sostener el ritmo de las operaciones. Solo en julio, ICE detuvo a cerca de 50.000 personas, la cifra mensual más alta desde el inicio de la ofensiva migratoria de Trump.
Para la Casa Blanca, las cifras de detenciones y deportaciones se convirtieron en uno de los principales indicadores del cumplimiento de su agenda.
El nuevo plan llega mientras ICE todavía arrastra las consecuencias de su campaña de reclutamiento anterior, lanzada en el verano de 2025. La agencia recibió más de 220.000 solicitudes y llegó a ofrecer bonos de contratación de hasta 50.000 dólares. En enero anunció la incorporación de 12.000 nuevos empleados.
Pero la velocidad del proceso generó cuestionamientos. Según The New York Times, muchos oficiales ingresaron a la agencia con controles iniciales limitados o sin ellos. La agencia comenzó a tomar decisiones sobre los aspirantes sin completar el formulario de seguridad, las huellas dactilares ni la prueba de polígrafo. Para la primavera, cientos de esos nuevos empleados ya habían sido apartados, y una investigación del diario The Washington Post reveló que en las últimas semanas la agencia despidió a otros por problemas en sus antecedentes o por bajo rendimiento.
Un alto funcionario que supervisaba las verificaciones preliminares presentó una denuncia ante el inspector general del DHS. En ella advirtió que el Gobierno otorgaba ofertas de empleo definitivas sin los controles previos exigidos por la ley, o sin ninguno, lo que permitía incorporar candidatos no cualificados y exponía a la agencia a «graves riesgos para la seguridad nacional».
El cuello de botella sigue ahí. Casi 7.500 personas contratadas continúan a la espera de las verificaciones de antecedentes exhaustivas que exigen sus puestos y, mientras tanto, solo pueden trabajar de forma limitada. Aunque no es inusual que un empleado comience a trabajar antes de completar esos controles, la cantidad pendiente es mucho mayor de lo habitual, según fuentes citadas por el Times.
Hay además una fuerte presión para completar las revisiones mientras los nuevos empleados siguen en período de prueba, cuando resulta más sencillo despedirlos.
Las advertencias cobraron fuerza tras varios operativos polémicos en los que participaron agentes reclutados en esa campaña. El más grave ocurrió el 13 de julio en Biddeford, Maine, donde murió baleado el inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años. Su exesposa identificó como el autor de los disparos a David Brouillette, un agente incorporado el año pasado, y medios estadounidenses informaron que tenía antecedentes que no habrían sido detectados en el proceso de selección. El DHS criticó los intentos de identificar públicamente a sus agentes.
«Con el tiempo, solemos ver un aumento del uso excesivo de la fuerza y de otras conductas indebidas cuando se contrata a alguien que no es apto para el puesto», advirtió Daniel Altman, exfuncionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que supervisó investigaciones internas.
Esta vez, según una de las fuentes, la agencia planea aplicar estándares más estrictos para evaluar a los aspirantes. En un comunicado, el DHS aseguró que las nuevas contrataciones responden a los fondos recibidos, que no están relacionadas con las bajas de la campaña anterior y que mantendrá «estándares rigurosos».
La duda es si ICE podrá verificar e incorporar a miles de nuevos agentes en apenas tres meses sin repetir los errores. «Verificar adecuadamente a las personas lleva tiempo», señaló Deborah Fleischaker, exjefa de gabinete interina de ICE durante el gobierno de Joe Biden. «Es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido».
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