
Un comando armado con vestimenta y equipo militar, una niña entre las víctimas y una pregunta que nadie responde: ¿quiénes dispararon? Al menos siete personas murieron el domingo en una serie de ataques en Huité, un municipio del departamento de Zacapa, en el oriente de Guatemala, cerca de la frontera con Honduras. El Ejército, la Policía y el Gobierno niegan cualquier participación, mientras la oposición habla de una «masacre» y exige explicaciones al presidente Bernardo Arévalo.
Según el Ministerio Público (Fiscalía), los hechos ocurrieron en distintos puntos de Huité, unos 130 kilómetros al este de la capital. En uno de los accesos al municipio, los investigadores hallaron una camioneta con los cuerpos de tres mujeres, una de ellas menor de edad. En un barrio y en una zona aledaña fueron encontrados otros hombres sin vida. Todas las víctimas murieron por impactos de bala.
La Fiscalía informó en un primer momento de seis muertos, y la Policía Nacional Civil elevó luego la cifra a siete. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a seis de las víctimas; la identidad de la menor aún no fue confirmada oficialmente. Según medios locales, se trata de una niña de 10 años.
De acuerdo con la prensa guatemalteca, la violencia comenzó en la tarde del domingo, cuando hombres armados vestidos como militares irrumpieron en una actividad deportiva en un centro educativo y se llevaron a varias personas. A partir de allí se desataron horas de enfrentamientos.
Videos difundidos en redes sociales y publicados por la prensa local muestran la incursión de un grupo armado con vestimenta y equipo de tipo militar. Denuncias anónimas en redes apuntaron contra soldados guatemaltecos, e incluso circularon versiones que involucraban a agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA). Ninguna de esas versiones fue confirmada.
El Ejército negó cualquier participación. Su portavoz, Nathalia Mollinedo, aseguró en un video difundido en X que los enfrentamientos se originaron por «disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado transnacional» y descartó que los atacantes fueran militares guatemaltecos, ya que el personal de la institución «está plenamente identificado» con los «distintivos oficiales». También explicó que las tropas decidieron «no ingresar en ese momento» a la zona «con el fin de no escalar el conflicto».
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, evitó dar una versión definitiva. «Yo no quiero adelantar una opinión sin tener antes mayor información de qué fue exactamente lo que ocurrió. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que no fue un operativo donde haya participado la policía, ni donde la policía estuviera convocada de modo alguno», dijo a Emisoras Unidas.
Consultado sobre la posible participación de soldados o de agentes estadounidenses, respondió: «Eso es lo que vamos a investigar». El presidente Arévalo convocó al Consejo de Ministros para analizar el caso.
La Policía Nacional Civil sostiene que los ataques «forman parte de acciones planificadas por estructuras criminales que operan en el área, con la intención de generar zozobra e inestabilidad en la región», aunque aclaró que «todas las hipótesis se encuentran bajo una rigurosa investigación técnica y científica».
La versión oficial no convenció a la oposición. El diputado Allan Rodríguez, del partido derechista Vamos, exigió a Arévalo aclarar lo sucedido. «Lo que no podemos tolerar y no podemos esconder es que hubo una masacre (cometida) por un comando integrado por soldados que no son guatemaltecos», afirmó. Sin embargo, admitió: «No estoy aseverando que sean de Estados Unidos o que sean de cualquier otro país, no tengo esa información y es la información que exijo».
El caso llega en un momento sensible. Guatemala forma parte de la alianza contra los cárteles impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, aunque Arévalo descartó operaciones militares de Estados Unidos en su territorio porque la Constitución lo prohíbe. Además, hace apenas una semana se entregaron las primeras armas vendidas por Washington a Guatemala tras un embargo de medio siglo impuesto por violaciones a los derechos humanos.
Zacapa es una zona estratégica para el trasiego de drogas hacia México y Estados Unidos, y allí fueron capturadas figuras clave del narcotráfico guatemalteco. Huité fue durante años el bastión del clan Lorenzana, cuyo líder fue detenido en 2011 y extraditado a Estados Unidos. Algunos medios locales señalan que el objetivo del comando habría sido un presunto narcotraficante de la zona, algo que ninguna autoridad confirmó.
La violencia sigue siendo uno de los grandes problemas de Guatemala. Entre enero y julio se registraron 1.751 asesinatos, con una tasa de 16,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Coalición por la Seguridad Ciudadana. En 2025, el país contabilizó 3.139 homicidios, frente a los 2.869 del año anterior.
Arévalo enfrenta críticas constantes por su política de seguridad, especialmente tras la ofensiva de las pandillas que en enero mató a 11 policías. Su gobierno sostiene que la lucha contra el crimen debe librarse sin abusos y con respeto a los derechos humanos.
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