
Más de 440.000 solicitantes de asilo recibieron órdenes de deportación de jueces de inmigración durante los primeros 19 meses del segundo mandato de Donald Trump, según un análisis de registros judiciales publicado por The Washington Post. El diario sostiene que la cifra supera el total registrado en los ocho años anteriores juntos.
Se trata de órdenes de deportación, no de deportaciones ejecutadas. El análisis tampoco afirma que a las 440.000 personas se les haya rechazado una solicitud de asilo tras una audiencia completa. Esa distinción es clave para entender el alcance del dato.
El reporte del diario describe un aumento de las detenciones de personas con solicitudes de asilo en trámite y cambios en el procesamiento de sus casos. Entre las medidas que documenta figuran directrices que permiten a jueces rechazar determinadas solicitudes sin una audiencia completa y la remisión de algunos casos directamente a procedimientos de deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió ante el periódico las detenciones y sostuvo que tener una solicitud de asilo pendiente no confiere, por sí solo, estatus migratorio legal en Estados Unidos. Abogados citados en el reportaje, en cambio, advirtieron que las nuevas prácticas pueden impedir que personas con casos válidos expongan plenamente sus argumentos ante un juez.
El diario relata el caso de Grace Calero, una ecuatoriana que había solicitado asilo y fue detenida junto con su hija después de un accidente de tránsito en Florida. Ambas regresaron a Ecuador días más tarde, según su testimonio recogido por The Washington Post. Su historia ilustra el riesgo que afrontan algunos solicitantes mientras esperan una decisión sobre sus casos.
Con información de un análisis de registros judiciales realizado por The Washington Post
