Asistencia sexual: ¿Un derecho necesario o una forma de prostitución?

Para la mayoría de las personas, masturbarse es un acto tan cotidiano que rara vez se piensa en él como un privilegio. Sin embargo, para un sector de la población con discapacidad y movilidad reducida, acceder al propio cuerpo no es algo que puedan resolver por sus propios medios. Frente a esa barrera física, surgió la figura del asistente sexual: una persona que brinda apoyo instrumental para que alguien con diversidad funcional pueda explorar su propio placer.

Qué es (y qué no es) un asistente sexual

«La asistencia sexual es un acompañamiento para personas con diversidad funcional que por sus propios medios no pueden acceder a su cuerpo. La asistente facilita esa exploración corporal mediante la masturbación», explica Mon García, asistente sexual y pedagoga.

El rol tiene límites precisos. Un asistente sexual puede ayudar a desvestirse, acomodar almohadas para lograr posturas cómodas, acercar juguetes sexuales o facilitar que la persona toque su propio cuerpo. Lo que no hace es mantener relaciones sexuales —coito, sexo oral u otras prácticas— con la persona usuaria, ni ofrecer su propio cuerpo como objeto de placer para el otro. «No es una práctica en la que haya interacción como en la prostitución», señala García, quien resume su función con una frase: «mis manos son las suyas».

Antonio Centeno, activista con tetraplejia desde los 13 años y responsable del portal de asistenciasexual.org, lo explica de forma similar: «El asistente sexual no es alguien con quien tener prácticas sexuales, sino alguien que te permite tener prácticas sexuales contigo mismo o con otra persona que no sea el asistente». Para Centeno, ese apoyo constituye un derecho positivo: el acceso al propio cuerpo, indispensable para el autoconocimiento sexual y para poder relacionarse luego con otras personas en igualdad de condiciones.

Un servicio distinto a la terapia sexual y al trabajo sexual tradicional

La asistencia sexual suele confundirse con otras figuras vinculadas a la sexualidad, pero cada una tiene un objetivo diferente. La terapia sexual busca tratar disfunciones o bloqueos psicológicos mediante un abordaje clínico, sin interacción sexual directa salvo en la figura regulada del sustituto sexual que existe en algunos países. El trabajo sexual o la prostitución, en cambio, sí implican un intercambio económico por un acto sexual directo con el cuerpo del trabajador. La asistencia sexual se ubica en un punto distinto: no hay interacción sexual con el profesional, sino apoyo físico para que la persona explore su propio erotismo.

Un debate que atraviesa al feminismo

No existe consenso sobre cómo entender esta práctica. Mon García la define como un «trabajo sexual» y reivindica derechos laborales para quienes lo ejercen. En la vereda opuesta, sectores del feminismo abolicionista, como Feministes de Catalunya, sostienen que se trata de una forma de explotación sexual equiparable a la prostitución. «No existen trabajos sexuales, solo explotación sexual (…) las asistentes son víctimas, y los consumidores, puteros», afirma Erika Bastide, integrante de ese colectivo, quien cita el modelo abolicionista de Suecia como referencia a seguir.

Del otro lado, Centeno rechaza esa equiparación: «La asistencia sexual no es prostitución, no es striptease, no es pornografía, no es masaje erótico. Es un trabajo sexual, sí, pero con su propio marco, definido por una necesidad de autonomía». Según su análisis, buena parte de la resistencia social a reconocer esta figura tiene raíces más profundas: la tendencia histórica a considerar a las personas con discapacidad como seres asexuados, una mirada que, sostiene, sirve para justificar que permanezcan bajo el cuidado permanente de sus familias.

Testimonios: del descubrimiento del propio cuerpo a la falta de educación sexual

Alrededor del 90% de los clientes de asistencia sexual son hombres cis heterosexuales, según estimaciones de García. Sin embargo, también hay mujeres que recurren al servicio, generalmente con preferencia por una asistente mujer por una cuestión de seguridad.

Ánxela López Leiceaga, con parálisis cerebral desde su nacimiento, relata cómo la falta de educación sexual retrasó su propio autoconocimiento: «Descubrí el clítoris a los 30 años, con esto ya te lo digo todo. No solo porque nadie te cuenta nada, sino porque si dependes de otros para acceder a tu cuerpo, es aún más difícil». Especialistas como la sexóloga Gemma Deulofeu coinciden en que la falta de educación sexual no solo limita el disfrute de la sexualidad en personas con discapacidad, sino que también las vuelve más vulnerables frente a posibles abusos.

El costo económico, una barrera adicional

Una sesión de asistencia sexual puede costar entre 50 y 100 euros, un monto que para muchos usuarios resulta inaccesible. Oriol Roqueta, usuario del servicio, considera que debería estar financiado por el Estado: «Es muy difícil acceder a este servicio si no tienes dinero. Se queda para quien puede permitírselo, y eso es otra forma de discriminación». En la misma línea, García plantea que sin un reconocimiento legal y ayudas económicas, muchas personas solo pueden acceder a una sesión al mes o cada dos meses.

Cómo se regula —o no— en distintos países

La situación legal de la asistencia sexual varía enormemente según el país. En Países Bajos y Dinamarca, el Estado reconoce la salud sexual como parte del bienestar general y en algunos casos existen subvenciones públicas para que personas con grandes discapacidades puedan acceder al servicio a través de organizaciones autorizadas. En Suiza y Alemania, organizaciones no gubernamentales forman y certifican a asistentes sexuales bajo códigos éticos definidos. En cambio, en España y en gran parte de América Latina no existe una regulación estatal específica: el servicio opera en un vacío legal, sostenido por iniciativas privadas y asociaciones de personas con discapacidad.

Un modelo que se profesionaliza desde abajo

Más allá del debate legal, distintos proyectos de asistencia sexual vienen profesionalizando su funcionamiento con el paso de los años. Uno de estos casos incorporó instancias de formación académica para dotar de herramientas teóricas y legales a un trabajo que ya se realizaba de forma informal desde hacía más de una década. El protocolo actual contempla procedimientos distintos según la situación de cada persona: quienes no están bajo tutela legal acceden de forma autónoma, mientras que en los casos de tutela se exige una evaluación médica previa que determine si la práctica no implica riesgos y puede aportar a la calidad de vida del usuario.

Las asistentes, por su parte, reciben formación en salud, ergonomía, manejo de situaciones complejas y reanimación cardiopulmonar, además de mecanismos pensados para evitar la generación de dependencia emocional entre ambas partes.

Un derecho todavía en construcción

Para Centeno, el desconocimiento sigue siendo uno de los principales obstáculos para que la asistencia sexual se entienda como una herramienta de autonomía y no como un problema. «Hay poco conocimiento sobre la figura de la asistencia sexual (…) necesitamos generar más discurso, más elementos culturales», sostiene el activista, quien insiste en que reconocer a las personas con discapacidad como seres sexuales implica romper con un esquema social que, durante décadas, las situó como sujetos asexuados y dependientes.

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