
Una corte federal de Miami analizará este jueves una demanda que busca crear un precedente para que hasta medio millón de cubanos con documentos I-220A puedan regularizar su situación migratoria mediante la Ley de Ajuste Cubano.
La audiencia ocurre mientras aumentan los arrestos migratorios de ciudadanos cubanos y caen drásticamente las aprobaciones de tarjetas de residencia para esta comunidad durante el actual mandato del presidente Donald Trump.
La jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, escuchará los argumentos del caso Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La demanda fue presentada en nombre de 992 cubanos que piden al Gobierno estadounidense reconocer que la forma en que fueron liberados tras cruzar la frontera les permite acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Esta legislación permite a determinados ciudadanos cubanos solicitar la residencia permanente después de permanecer al menos un año y un día en Estados Unidos, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos.
Los demandantes forman parte de una población estimada de entre 500.000 y 600.000 cubanos que llegaron a Estados Unidos después de que el entonces presidente Barack Obama terminara en 2017 la política conocida como “Pies secos, pies mojados”.
Se calcula que cerca de medio millón ingresaron entre 2019 y 2023 por la frontera con México y recibieron un formulario I-220A, denominado Orden de Libertad Bajo Reconocimiento.
El Gobierno estadounidense no considera ese documento equivalente al parole migratorio, uno de los requisitos que puede permitir el acceso a la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
Como consecuencia, miles de cubanos permanecen en un limbo migratorio y no pueden solicitar directamente la residencia permanente bajo esa legislación.
Entre los afectados se encuentran un cubano que se identificó ante EFE como Alan, por temor a represalias, y su esposa.
Ella entró hace cuatro años por la frontera con México y recibió una I-220A. Desde entonces, la pareja asegura vivir con temor a una separación familiar o una posible deportación.
“Es complicado porque uno se siente mal, se siente decepcionado, se siente frustrado y con mucho miedo, no solamente por todo lo que está pasando, sino por una deportación, porque eso sería morir en vida”, expresó Alan durante una entrevista telefónica.
El hombre ingresó a Estados Unidos hace cinco años y medio, también por la frontera mexicana, y se vio afectado por la suspensión de determinados trámites migratorios para ciudadanos cubanos ordenada por la Administración Trump.
Alan considera que la audiencia representa una “bendición” para las personas que permanecen sin una vía clara para regularizarse.
Mark Prada, uno de los abogados que encabeza el litigio, explicó a EFE que el objetivo inmediato es convertir el caso en una demanda de acción colectiva que pueda beneficiar a cubanos procesados de forma similar en la frontera.
“Estamos tratando de certificar un colectivo nacional de todos los cubanos bajo varias definiciones, basado en la manera en que fueron procesados en la frontera, porque había muchas cosas diferentes pasando”, señaló.
El abogado explicó que sería necesario certificar por separado a los distintos grupos, dependiendo de la manera en que cada persona fue procesada por las autoridades migratorias.
La certificación permitiría presentar argumentos aplicables a grupos más amplios de cubanos, en lugar de limitar los efectos del caso a los 992 demandantes originales.
Suben los arrestos y caen las residencias para cubanos
La audiencia ocurre después de que los arrestos migratorios de cubanos aumentaran un 463 % durante el primer año del actual mandato de Trump, hasta alcanzar un promedio de 1.008 detenciones mensuales.
Al mismo tiempo, las aprobaciones de tarjetas de residencia para ciudadanos cubanos cayeron del 99,8 % al 15 %, según un análisis del Instituto Cato, una organización de tendencia conservadora.
El Gobierno de Trump también ha aumentado la presión política y económica sobre La Habana mediante nuevas sanciones y restricciones petroleras.
Sin embargo, Alan considera que las condiciones que justificaron la creación de la Ley de Ajuste Cubano no han desaparecido.
“En Cuba no ha habido ningún cambio”, sostuvo.
“El día que haya un cambio en Cuba sería un cambio de régimen, totalmente fuera los Castro y que llegue la luz”, agregó.
La audiencia será solamente un paso preliminar
Durante la audiencia, el Gobierno estadounidense solicitará que la demanda sea desestimada.
Prada advirtió que una decisión favorable no concedería automáticamente la residencia ni protegería inmediatamente de la deportación a todos los cubanos con I-220A.
“Me gustaría decir que ganar esto va a proteger a todo el mundo de la deportación, pero es solamente para dar una herramienta que no han tenido hasta ahora para tratar de defender sus casos”, explicó.
“Hay muchas partes en toda esta pelea, pero estamos tratando de ganar el punto más preliminar”, añadió.
Si los demandantes superan esta primera etapa, cada persona todavía tendría que solicitar la residencia y demostrar que cumple los requisitos correspondientes.
“Después de eso hay que aplicar y ganar toda esa lucha, pero es mínimo dar una oportunidad a esta gente”, concluyó el abogado.
Con información de EFE



