
La seguridad es uno de los temas que más preocupa a los brasileños y el senador Flavio Bolsonaro, una de las principales figuras de la oposición política, lo sabe. Por eso, busca convertir la lucha contra el crimen en uno de los ejes de su discurso ante los ciudadanos, en un país que registra un índice general de criminalidad de 63,55 puntos sobre 100, según las estadísticas de Numbeo, una cifra considerada alta.
Bolsonaro se reunió en São Paulo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, y tras ese encuentro afirmó que Brasil necesita crear al menos 500.000 nuevas plazas en las cárceles.
«Tenemos que abrir presidios. Hay pocos presos en Brasil. Tenemos que encarcelar a más, pero no lo conseguimos porque la legislación es frágil», afirmó el líder ultraderechista.
El llamado modelo Bukele se ha convertido en una referencia política que otros países buscan analizar y, en algunos casos, replicar. El Salvador pasó de sufrir durante décadas los efectos de la violencia de las pandillas a registrar una fuerte reducción de los homicidios, después de la aplicación de una estrategia de seguridad de mano dura impulsada por el presidente Nayib Bukele.
Desde distintos puntos del continente, algunos dirigentes han mostrado interés en adoptar medidas similares para combatir el crimen, con estrategias más agresivas contra las organizaciones criminales.
2026 ha sido hasta ahora un año de relativa tranquilidad para El Salvador. El país acumula 204 días sin registrar hechos violentos, según las cifras mencionadas por Bolsonaro, lo que representa uno de los principales argumentos de la administración Bukele para defender su política de seguridad.
Muchos salvadoreños respaldan esas medidas y consideran que, sin ellas, el país continuaría enfrentando altos niveles de criminalidad. El cambio también ha sido asociado al crecimiento del turismo, que en los últimos años se convirtió en uno de los sectores destacados de la economía salvadoreña.
El Salvador pasó de figurar entre los países sobre los que Estados Unidos emitía advertencias de viaje a ser considerado actualmente uno de los destinos más seguros del hemisferio occidental.
Brasil acudirá a las urnas el 4 de octubre, en unas elecciones en las que Flavio Bolsonaro busca convertirse en una figura central de la oposición y disputar un papel relevante en el escenario político nacional.
El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro explicó que su programa de Gobierno contempla la construcción de nuevos presidios y la ampliación de los existentes para crear al menos 500.000 nuevas plazas en el sistema penitenciario.
El senador también planteó medidas destinadas a restringir los beneficios que permiten la salida anticipada de los presos y defendió que quienes sean condenados permanezcan privados de libertad y, en determinados casos, incomunicados.
Para avanzar con esas propuestas, afirmó que buscará construir una mayoría en el Congreso que permita aprobar leyes orientadas a limitar las salidas de los establecimientos penitenciarios y evitar que las cárceles se conviertan en «escuelas del crimen».
«De esa forma el preso sabrá que tendrá que permanecer preso, que tendrá que pagar por los crímenes que cometió, y eso, sin duda, desincentivará a mucha gente a continuar practicando crímenes», sostuvo.
En El Salvador, los presos considerados de alta peligrosidad permanecen recluidos bajo un régimen especialmente estricto. Entre otras medidas, tienen severas restricciones para comunicarse con el exterior, una política que el Gobierno justifica como una forma de impedir que continúen coordinando actividades criminales desde las cárceles.
La mayoría de los internos sometidos a estas condiciones son integrantes de pandillas acusados de ordenar masacres, extorsiones, controlar territorios y planificar ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus familias.
El Gobierno de Bukele sostiene que estas medidas han permitido desarticular buena parte de las estructuras criminales que durante años condicionaron la vida cotidiana de los salvadoreños.
Ahora, Flavio Bolsonaro pretende trasladar parte de esa lógica al debate político brasileño, con una propuesta que pone el endurecimiento de las penas, la ampliación del sistema penitenciario y la reducción de los beneficios para los condenados en el centro de su estrategia de seguridad.
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