
Estados Unidos y el Gobierno interino de Venezuela mantienen negociaciones para que Washington obtenga una participación significativa en varios de los principales yacimientos petroleros del país, en una operación que podría transformar durante décadas el mapa energético de América Latina.
Las conversaciones, reveladas por medios estadounidenses, incluyen más de una docena de campos actualmente productivos que, en conjunto, concentrarían alrededor de 90.000 millones de barriles de reservas probadas. Esa cantidad representa cerca de un tercio de las reservas venezolanas, estimadas en unos 300.000 millones de barriles.
Una de las alternativas que se encuentra sobre la mesa es especialmente llamativa: un arrendamiento de hasta 100 años sobre determinados campos petroleros. La propuesta todavía no constituye un acuerdo definitivo y las condiciones podrían modificarse antes de que las partes alcancen un entendimiento.
Las negociaciones están encabezadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. También participa el secretario de Energía, Chris Wright, quien estudia un viaje a Caracas para impulsar la entrada y expansión de compañías estadounidenses en el sector.
El objetivo de Washington sería facilitar que empresas privadas, principalmente estadounidenses, inviertan en infraestructura, tecnología y producción. Para Venezuela, la apuesta permitiría recuperar campos deteriorados y elevar los ingresos procedentes de la explotación petrolera.
Según las informaciones conocidas, los activos incluidos en las conversaciones estuvieron anteriormente vinculados a figuras cercanas al antiguo Gobierno de Nicolás Maduro y a intereses chinos. Su eventual transferencia o apertura al capital estadounidense supondría una profunda reconfiguración de la industria.
La magnitud de la operación también explica el interés de Washington. Los campos analizados contienen reservas equivalentes a una parte sustancial de las existentes en Venezuela y permitirían aumentar considerablemente las reservas petroleras asociadas a empresas estadounidenses.
El potencial del acuerdo se explica por el tamaño de los recursos venezolanos. La Administración de Información Energética de Estados Unidos estimó que Venezuela contaba con aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas en 2023, la mayor cifra del mundo. Gran parte corresponde al crudo extrapesado de la Faja del Orinoco, cuya extracción requiere importantes inversiones y tecnología especializada.
Sin embargo, disponer de enormes reservas no significa producir grandes cantidades de petróleo. La industria venezolana sufrió durante años falta de inversiones, deterioro de instalaciones, problemas operativos y una fuerte caída de la producción. La petrolera estatal PDVSA continúa siendo el eje del sector, aunque su capacidad ha quedado muy por debajo de sus niveles históricos.
Precisamente por eso Washington considera que la llegada de capital y empresas estadounidenses podría acelerar la recuperación. El Gobierno de Donald Trump ya flexibilizó las restricciones que afectaban a determinadas operaciones petroleras y, el 27 de agosto, Estados Unidos amplió nuevamente las autorizaciones relacionadas con el sector energético venezolano.
En paralelo, Venezuela analiza la posibilidad de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, según información atribuida a fuentes conocedoras de las conversaciones. Caracas todavía no habría tomado una decisión definitiva.
La eventual salida tendría una fuerte carga simbólica y económica. Venezuela fue uno de los países que participaron en la creación de la OPEP en 1960. Abandonar la organización mientras profundiza sus vínculos energéticos con Washington representaría otro indicio del profundo realineamiento de su política petrolera.
Para Estados Unidos, una mayor producción venezolana también tendría importancia estratégica en un mercado marcado por las tensiones internacionales y la volatilidad de los precios del crudo.
El proyecto, sin embargo, enfrenta interrogantes importantes. Venezuela mantiene un marco jurídico que reserva al Estado un papel central en la explotación de los hidrocarburos, por lo que cualquier operación de gran magnitud tendría que superar obstáculos legales y políticos.
Además, el carácter extraordinario de un eventual contrato centenario podría generar resistencia dentro de Venezuela. Para sus defensores, la apertura al capital extranjero permitiría recuperar una industria deteriorada y generar ingresos. Para sus críticos, podría representar una cesión excesiva de soberanía sobre uno de los principales recursos estratégicos del país.
Por ahora, Washington y Caracas continúan negociando. No existe un acuerdo final y tampoco está definido si los campos serán cedidos mediante arrendamientos, asociaciones, licitaciones u otras fórmulas.
Lo que sí está claro es que el petróleo se encuentra en el centro de la nueva relación entre Estados Unidos y Venezuela. Si las conversaciones prosperan, Washington no solo ampliaría el acceso de sus empresas a las mayores reservas petroleras del planeta: también consolidaría una influencia de largo plazo sobre uno de los sectores estratégicos más importantes de América Latina.
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