Estados Unidos se prepara para la mayor revocación masiva de visas de su historia
Estados Unidos prepara una revisión masiva de visas B1 y B2 que podría afectar hasta 200.000 extranjeros que solicitaron o solicitan asilo.
La administración de Donald Trump prepara una medida que podría convertirse en la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos: la cancelación de hasta 200.000 visas B1 y B2 pertenecientes a extranjeros que solicitaron o actualmente solicitan asilo en el país.
La información surge de documentos del Departamento de Estado obtenidos por The Associated Press y de declaraciones de funcionarios estadounidenses. Si el plan avanza sin modificaciones o impugnaciones judiciales, el gobierno podría anunciar las primeras revocaciones durante las próximas semanas.
Las visas alcanzadas serían las emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan presentado solicitudes de asilo. El proceso será coordinado entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional.
Qué significa para quienes tienen una visa B1 o B2
Las visas B1 se utilizan principalmente para viajes de negocios, mientras que las B2 corresponden a turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos.
El Departamento de Estado sostiene que la revisión busca identificar a personas que ingresaron al país como visitantes temporales y posteriormente solicitaron protección para permanecer en Estados Unidos.
“Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar” las visas de quienes llegaron como visitantes de corta duración y después solicitaron asilo, explicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
Sin embargo, la revocación de una visa no significa automáticamente una deportación inmediata. Según funcionarios citados por AP, muchas personas con solicitudes de asilo pendientes podrían perder su condición como viajeros de negocios o turistas, mientras sus casos migratorios continúan por otras vías.
La cifra de 200.000 representa una estimación del alcance potencial de la operación, no una cantidad definitiva de visas que ya hayan sido canceladas.
La revisión ya está en marcha
Los documentos obtenidos por AP indican que la revisión de los titulares de visas B1 y B2 comenzó después de que el Departamento de Estado recibiera información sobre solicitudes de asilo procedente de los servicios de inmigración.
La administración también ha incrementado durante los últimos meses el nivel de escrutinio aplicado a los extranjeros que solicitan visas, incluyendo controles sobre actividad en redes sociales y nuevas exigencias económicas para determinados viajeros.
Según el Departamento de Estado, en los últimos 18 meses ya fueron revocadas alrededor de 175.000 visas a extranjeros acusados o condenados por delitos, además de personas señaladas por otras circunstancias relacionadas con las políticas migratorias y de seguridad de Estados Unidos.
El gobierno acusa a algunos solicitantes de abusar del sistema
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, defendió públicamente la ofensiva y cuestionó a quienes utilizan una visa de visitante para ingresar al país y posteriormente presentan una solicitud de asilo.
La administración considera que determinadas solicitudes pueden utilizar el sistema de protección como una vía para prolongar la permanencia en Estados Unidos más allá del propósito original del viaje.
Pero una eventual revocación a gran escala podría enfrentar impugnaciones legales, especialmente por las consecuencias que pueda tener sobre personas que ya se encuentran dentro del país y tienen procesos de asilo pendientes. AP señaló que la medida probablemente será cuestionada ante los tribunales.
La ofensiva también alcanza a las visas de trabajo
La nueva estrategia migratoria no se limita a las visas de turismo y negocios. El mismo gobierno propuso esta semana una nueva tarifa de 103.265 dólares para determinados trámites de visas H-1B, utilizadas por empresas estadounidenses para contratar profesionales extranjeros especializados.
El Departamento de Seguridad Nacional plantea que el nuevo cargo se aplique a las solicitudes sujetas al límite anual de H-1B y se sume a las demás tasas migratorias. La propuesta contempla un período de comentarios públicos antes de que pueda convertirse en una norma definitiva.
La medida afectaría especialmente a sectores que dependen de profesionales especializados, como tecnología, ingeniería, investigación y algunas áreas de la salud. El programa está limitado a 85.000 nuevas plazas sujetas al cupo anual, incluyendo 65.000 generales y 20.000 reservadas para personas con títulos avanzados obtenidos en instituciones estadounidenses.
Una barrera de más de 100.000 dólares
El nuevo cargo retoma la estrategia que Trump intentó implementar previamente mediante una tarifa de 100.000 dólares. Esa iniciativa fue bloqueada por un tribunal federal, lo que llevó al gobierno a buscar ahora una nueva vía regulatoria.
El DHS sostiene que los 103.265 dólares servirían para recuperar parte de los costos asociados con la administración del sistema de inmigración legal, incluidos procesos de adjudicación, controles de seguridad, modernización tecnológica, tribunales migratorios y otros servicios federales.
De acuerdo con el gobierno, la tarifa podría generar alrededor de 8.800 millones de dólares anuales si se aplica al volumen estimado de solicitudes sujetas al cupo.
Un nuevo escenario para quienes buscan entrar legalmente a Estados Unidos
Las dos iniciativas muestran cómo la administración Trump está endureciendo simultáneamente distintos canales de inmigración legal: desde los visitantes que solicitan protección hasta los profesionales extranjeros contratados por empresas estadounidenses.
Para quienes poseen una visa B1 o B2, la cuestión central será si las autoridades determinan que su solicitud de asilo entra dentro de los criterios de revocación. Para los empleadores que dependen de trabajadores H-1B, el desafío será evaluar el enorme costo adicional que podría implicar la nueva tarifa si finalmente es aprobada.
En ambos casos, las medidas todavía pueden sufrir modificaciones y enfrentar nuevos litigios. Pero el rumbo de la política migratoria estadounidense es claro: la administración Trump busca elevar el costo y aumentar el escrutinio de múltiples vías de entrada y permanencia legal en el país.
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