
Las deportaciones de hondureños desde Estados Unidos, México y Guatemala ya superaron las 30.000 en los primeros ocho meses de 2026, en una nueva señal del impacto que las políticas migratorias estadounidenses están teniendo sobre los ciudadanos de Honduras.
Entre el 1 de enero y el 20 de agosto, un total de 30.965 hondureños fueron retornados a su país, informó el director del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carlos Cordero.
Estados Unidos concentra ampliamente la mayor parte de las expulsiones. De acuerdo con las autoridades hondureñas, 27.828 personas fueron deportadas desde territorio estadounidense por vía aérea, mientras que otras 3.046 llegaron desde México en autobuses y 91 desde Guatemala por vía terrestre.
Los datos muestran una diferencia considerable entre los países de origen de los vuelos y traslados de deportación. Casi nueve de cada diez hondureños retornados durante el período contabilizado procedieron de Estados Unidos.
La cifra adquiere especial relevancia porque Honduras atraviesa además una etapa de incertidumbre por el final del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, que durante años permitió a miles de hondureños permanecer legalmente en Estados Unidos pese a no contar con otro estatus migratorio.
El beneficio protegía a unos 55.000 hondureños que residían en Estados Unidos y que ahora enfrentan un escenario migratorio más incierto.
El Gobierno hondureño ha advertido que la cancelación definitiva del TPS puede generar nuevos retornos, aunque las autoridades han descartado que vaya a producirse inmediatamente una deportación masiva.
La canciller hondureña, Mireya Agüero, reconoció que la terminación del programa es una realidad con efectos concretos, pero afirmó que el Gobierno busca negociar con Washington una “transición ordenada”.
El presidente Nasry Asfura también pidió a Estados Unidos analizar individualmente la situación de los hondureños que estuvieron protegidos por el TPS antes de avanzar con posibles deportaciones.
La administración hondureña intenta así evitar que el final del programa se traduzca en un regreso repentino de miles de personas, con consecuencias sociales y económicas difíciles de absorber.
El flujo migratorio no se limita a ciudadanos hondureños. Honduras también está participando en un mecanismo de cooperación que permite recibir temporalmente a ciudadanos de terceros países deportados desde Estados Unidos.
Hasta el momento, 374 mexicanos deportados desde Estados Unidos fueron trasladados a Honduras, según informó el Instituto Nacional de Migración.
Otros 31 ciudadanos mexicanos estaban previstos para llegar posteriormente al país. Las autoridades hondureñas indicaron que trabajan para facilitar su traslado y regreso a México.
El mecanismo refleja cómo las nuevas políticas de deportación estadounidenses están generando acuerdos regionales que involucran a países que no necesariamente son el destino final de las personas expulsadas.
La preocupación en Honduras no se limita al número de deportaciones. También existe incertidumbre sobre el posible impacto económico de un aumento significativo de los retornos.
Los hondureños que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, envían al país más de 10.000 millones de dólares anuales en remesas, una fuente fundamental de ingresos para numerosas familias y para la economía hondureña.
Por eso, un retorno masivo podría tener un doble efecto: aumentar la presión sobre el mercado laboral y los servicios sociales mientras reduce potencialmente el flujo de dinero enviado desde Estados Unidos.
El Gobierno hondureño, sin embargo, ha descartado por ahora que la finalización del TPS vaya a provocar un golpe inmediato y severo sobre las remesas.
La situación del TPS se desarrolla además en medio de un cambio más amplio en la política migratoria estadounidense y de una mayor presión sobre los migrantes sin estatus legal.
Las autoridades hondureñas buscan negociar condiciones que permitan gestionar los posibles retornos de manera gradual, mientras miles de ciudadanos enfrentan la necesidad de definir su situación migratoria.
Los 30.965 deportados registrados hasta el 20 de agosto ofrecen una primera dimensión del fenómeno, pero el número podría aumentar durante los próximos meses.
Para Honduras, el desafío será absorber a quienes regresen, facilitar su reinserción económica y, al mismo tiempo, proteger una de sus principales fuentes de ingresos: las remesas enviadas desde el exterior.
Más información:



