Gobernador de Sinaloa vuelve a dejar el cargo tras el rechazo de Sheinbaum
Rubén Rocha Moya pidió nuevamente licencia como gobernador de Sinaloa, apenas un día después de anunciar su regreso
Rubén Rocha Moya volvió a solicitar licencia como gobernador de Sinaloa, apenas un día después de haber anunciado sorpresivamente su regreso al cargo. El movimiento se produjo después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionara públicamente su decisión y en medio de acusaciones estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El gobernador, integrante del partido oficialista Morena y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso estatal una solicitud de licencia temporal con carácter indefinido.
“Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, escribió Rocha Moya al comunicar su decisión.
Un regreso que duró apenas un día
Rocha Moya se había separado del cargo el 1 de mayo para permitir el avance de investigaciones relacionadas con acusaciones formuladas contra él y otros funcionarios.
Sin embargo, el viernes 21 de agosto anunció su regreso a la gubernatura. La decisión provocó una rápida reacción dentro del oficialismo.
El Gobierno federal y Morena se deslindaron de la medida y remarcaron que se trataba de una decisión personal. Sheinbaum, además, dejó claro que no había sido consultada y que se enteró del regreso a través de las redes sociales.
Horas después, la presidenta publicó un mensaje que fue interpretado como una referencia directa al gobernador.
“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación”, escribió Sheinbaum. También sostuvo que “el poder sin principios se vuelve arrogancia”.
Acusaciones de Estados Unidos
La controversia tiene como telón de fondo una investigación impulsada por Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos.
El Departamento de Justicia estadounidense los señaló en abril por presuntos vínculos con estructuras del Cartel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.
Según las acusaciones, los funcionarios habrían facilitado información sensible y permitido actividades relacionadas con el tráfico de drogas a cambio de sobornos.
Las autoridades mexicanas mantienen investigaciones abiertas sobre el caso, aunque hasta ahora se conocen pocos avances públicos.
Sheinbaum ha reclamado en distintas ocasiones que Estados Unidos presente las pruebas que sustentan sus acusaciones contra funcionarios mexicanos.
Morena también se distancia
El episodio provocó un inusual distanciamiento entre Rocha Moya y buena parte del oficialismo.
Dirigentes de Morena y funcionarios del Gobierno federal marcaron distancia con su regreso y señalaron que las investigaciones deben continuar.
El líder de los diputados oficialistas, Ricardo Monreal, había pedido al gobernador que reconsiderara su decisión y volviera a separarse del cargo para facilitar el desarrollo de las pesquisas.
El Congreso de Sinaloa convocó una sesión para analizar la nueva licencia y definir quién asumirá temporalmente las funciones de gobernador.
La sombra de López Obrador
Rocha Moya, de 77 años, mantiene una relación política cercana con López Obrador, fundador de Morena y antecesor de Sheinbaum en la Presidencia.
Esa cercanía alimentó especulaciones sobre posibles tensiones dentro del oficialismo. Analistas mexicanos consideran que el caso coloca a Sheinbaum en una posición especialmente delicada frente a las presiones de Washington y a los sectores vinculados con el expresidente.
El episodio también ocurre en un momento de fuerte presión de Donald Trump sobre México por la lucha contra los carteles y el tráfico de drogas.
La presidenta mexicana rechaza cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en territorio mexicano, pero al mismo tiempo busca demostrar que su Gobierno mantiene el control de la política de seguridad y de las investigaciones contra funcionarios señalados.
Una crisis que vuelve a abrir preguntas
El nuevo apartamiento de Rocha Moya deja a Sinaloa nuevamente ante la necesidad de contar con un gobernador interino y profundiza la incertidumbre política alrededor de un mandatario cuyo mandato constitucional termina en diciembre de 2027.
Más allá del desenlace institucional, el episodio expone una disputa mayor dentro del oficialismo mexicano: cómo responder a las acusaciones provenientes de Estados Unidos sin permitir que las investigaciones sobre posibles vínculos con el narcotráfico se conviertan en una crisis política para el Gobierno de Sheinbaum.
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