EEUU busca reactivar cargos contra Kilmar Ábrego García, deportado «por error» a El Salvador
El documento constituye el argumento inicial de la apelación que el Departamento de Justicia había presentado formalmente el 22 de junio. La corte todavía no ha decidido si restablecerá los cargos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a una corte federal de apelaciones que restablezca los cargos criminales contra Kilmar Ábrego García, el inmigrante salvadoreño deportado por error a El Salvador en 2025 y posteriormente devuelto al país por orden judicial.
Los fiscales solicitaron a la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito que revoque la decisión del juez federal Waverly Crenshaw, quien el pasado 22 de mayo desestimó la acusación por tráfico ilícito de migrantes al considerar que se trató de una persecución vengativa.
“Este tribunal debe revocar la orden de la corte de distrito que desestimó la acusación”, manifestó el Gobierno en un escrito judicial presentado el lunes.
El documento constituye el argumento inicial de la apelación que el Departamento de Justicia había presentado formalmente el 22 de junio. La corte todavía no ha decidido si restablecerá los cargos.
¿Por qué fueron desestimados los cargos?
El juez Crenshaw determinó que la acusación contra Ábrego García estuvo motivada por su exitosa demanda contra el Gobierno después de haber sido deportado a El Salvador pese a contar con una protección judicial que impedía enviarlo a ese país.
Según el magistrado, el salvadoreño fue objeto de una “persecución vindicativa” contraria a la garantía del debido proceso contemplada en la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Crenshaw concluyó que el Gobierno había cerrado previamente la investigación sobre Ábrego García y solo decidió reabrirla después de que este lograra que los tribunales ordenaran su regreso a Estados Unidos.
El juez también tomó en cuenta declaraciones públicas del entonces fiscal general adjunto Todd Blanche, que vinculaban la investigación criminal con la batalla judicial por la deportación del inmigrante.
El argumento del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia niega que la acusación haya sido una represalia y sostiene que existían “múltiples bases legítimas” para procesar a Ábrego García.
Los fiscales aseguran que la decisión fue tomada por funcionarios de carrera con base en las pruebas disponibles y en su convencimiento de que podían demostrar los delitos más allá de una duda razonable.
En su escrito ante la Corte de Apelaciones, el Gobierno argumentó que reabrió una investigación que ya existía y que había sido cerrada después de la expulsión de Ábrego García a El Salvador.
El Departamento de Justicia afirma que, tras reactivar el expediente, obtuvo nuevas pruebas que justificaban presentar una acusación formal por conspiración y tráfico ilícito de migrantes con fines de lucro.
También sostiene que el juez amplió indebidamente la facultad de los tribunales para desestimar cargos basándose en una evaluación subjetiva de las motivaciones de los fiscales.
Los cargos surgieron de una parada de tráfico
La acusación tiene su origen en una parada de tráfico ocurrida en Tennessee en noviembre de 2022.
Ábrego García conducía un vehículo en el que viajaban otras nueve personas. Los agentes sospecharon que podía estar transportando inmigrantes indocumentados porque los pasajeros realizaban un trayecto de larga distancia sin equipaje.
Sin embargo, el salvadoreño no fue detenido ni acusado en ese momento. Los policías lo dejaron continuar después de interrogarlo durante más de una hora.
La investigación fue retomada en 2025, después de que un tribunal federal ordenara al Gobierno facilitar el regreso de Ábrego García a Estados Unidos.
Los fiscales lo acusaron posteriormente de conspirar para transportar inmigrantes indocumentados entre 2016 y 2025 y de trasladarlos dentro del país para obtener beneficios económicos. Ábrego García se declaró inocente antes de que los cargos fueran desestimados.
Deportado pese a tener protección judicial
Ábrego García fue deportado en marzo de 2025 junto con más de 200 migrantes y recluido durante casi tres meses en El Salvador.
La Administración Trump reconoció que su expulsión se produjo por un “error administrativo”. Un juez de inmigración había determinado en 2019 que no podía ser enviado a El Salvador porque podía ser perseguido por pandillas.
Esta protección no le otorgaba residencia permanente ni impedía que el Gobierno buscara deportarlo legalmente a otro país. Sin embargo, prohibía específicamente su expulsión a El Salvador.
La Corte Suprema confirmó posteriormente que su deportación había sido ilegal y ordenó al Gobierno facilitar su regreso a Estados Unidos.
Con información de EFE