
Una jueza federal de Los Ángeles indicó que se dispone a limitar los arrestos migratorios realizados sin orden judicial, una decisión que podría cambiar significativamente las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sur de California.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal Federal para el Distrito Central de California, se mostró favorable a bloquear estas detenciones durante una audiencia celebrada el jueves, según informó Los Angeles Times.
La posible orden impediría que los agentes de ICE arresten a una persona sin una orden judicial, salvo que determinen que existe una probabilidad de fuga.
La magistrada escuchó los argumentos de ambas partes sobre una moción presentada dentro de una demanda que cuestiona las redadas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump en el área metropolitana de Los Ángeles desde el verano pasado.
La solicitud busca detener específicamente los arrestos sin orden judicial y forma parte de una demanda presentada en 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, Public Counsel y otros grupos legales.
La acción judicial surgió después de que el área metropolitana de Los Ángeles se convirtiera en uno de los primeros escenarios de los grandes operativos migratorios ordenados por la Casa Blanca.
Mayra Joachín, abogada de la ACLU, señaló que una eventual decisión de la jueza Frimpong sería “significativa”, pues podría reducir drásticamente el número de inmigrantes detenidos en la región.
Desde que la administración comenzó sus redadas en Los Ángeles el año pasado, los agentes federales han detenido sistemáticamente a personas sin obtener una orden judicial y sin determinar si existía riesgo de fuga antes de tramitar dicha orden, tal como exige la ley federal, advirtieron los demandantes.
Chandra S. Bhatnagar, director de ACLU del sur de California, indicó en una conferencia antes de la audiencia, que la ley exige que antes de realizar un arresto administrativo por motivos migratorios sin orden judicial, los agentes deben establecer simultáneamente que existe una causa probable de que el extranjero esta de forma indocumentada en el país y hay un riesgo de fuga.
“Hemos descubierto que los agentes han detenido a personas sin formular preguntas básicas sobre sus empleos, sus familias o sus vínculos con la comunidad. Esto es ilegal”, sostuvo el director.
Un análisis de 113 expedientes de detención, basado en registros gubernamentales, reveló que casi el 80 % de los casos carecía de una evaluación del riesgo de fuga o se basaba en fórmulas genéricas y estandarizadas, lo que sugiere la ausencia de la evaluación individualizada necesaria, aseguran los demandantes
Con información de EFE

