
El Senado de Estados Unidos confirmó a Todd Blanche como nuevo fiscal general, en una votación que volvió a poner en el centro de la escena el creciente vínculo entre Donald Trump y el Departamento de Justicia.
Blanche, que durante años integró el equipo legal privado del presidente en distintos procesos penales, fue aprobado por 50 votos contra 49. Dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, se sumaron a los demócratas para rechazar su designación.
La confirmación consolida a uno de los hombres de mayor confianza jurídica de Trump al frente de la principal institución encargada de hacer cumplir las leyes federales.
Blanche ya ejercía como fiscal general interino desde abril, cuando Trump destituyó a Pam Bondi. Su designación definitiva le otorga ahora autoridad plena para dirigir el Departamento de Justicia.
Antes de incorporarse al Gobierno, Blanche fue uno de los principales abogados defensores de Trump. Participó en el juicio de Nueva York relacionado con los pagos realizados para silenciar a Stormy Daniels y también integró la defensa presidencial en las causas federales impulsadas por el fiscal especial Jack Smith.
Esos procesos estaban relacionados con el manejo de documentos clasificados y los intentos de Trump por revertir los resultados de las elecciones de 2020. Ambos casos fueron posteriormente desestimados tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
La confirmación provocó fuertes críticas de los senadores demócratas, que cuestionan la capacidad de Blanche para actuar con independencia frente al presidente.
El senador Dick Durbin, principal demócrata del Comité Judicial, sostuvo que el nuevo fiscal general mantiene una relación demasiado estrecha con Trump y cuestionó que pueda ejercer como representante del interés público.
El debate se inscribe en una disputa más amplia sobre el funcionamiento del Departamento de Justicia durante la segunda Administración Trump y sobre hasta dónde puede llegar el control presidencial sobre una institución tradicionalmente considerada independiente en sus decisiones de aplicación de la ley.
La nominación estuvo cerca de enfrentar mayores dificultades dentro del propio Partido Republicano debido a una controvertida iniciativa vinculada con las llamadas persecuciones judiciales contra Trump y sus aliados.
Uno de los proyectos que generó preocupación contemplaba un fondo de 1.800 millones de dólares para personas consideradas víctimas de una supuesta instrumentalización política de la justicia. La propuesta podía beneficiar a algunos de los simpatizantes de Trump involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Blanche consiguió reducir la resistencia republicana al ordenar por escrito la eliminación de ese fondo.
También modificó una polémica propuesta relacionada con auditorías fiscales de Trump, sus hijos mayores y la Organización Trump, aclarando que cualquier protección tendría alcance exclusivamente retroactivo sobre períodos fiscales anteriores.
La llegada de Blanche se produce mientras el Departamento de Justicia enfrenta cuestionamientos sobre decisiones adoptadas durante la Administración Trump y sobre el tratamiento de investigaciones políticamente sensibles.
El funcionario también recibió críticas por su gestión de la publicación de documentos vinculados con la investigación de Jeffrey Epstein, especialmente de parte de víctimas del fallecido delincuente sexual.
Para la Casa Blanca, en cambio, Blanche representa una figura de confianza capaz de llevar adelante la agenda de Trump dentro del Departamento de Justicia.
El nuevo fiscal general asume el cargo después de haber sido durante años uno de los abogados más cercanos al presidente en sus principales batallas judiciales.
Esa trayectoria constituye precisamente el principal argumento de sus detractores, que consideran que su pasado como defensor personal de Trump puede dificultar la separación entre los intereses del mandatario y las responsabilidades institucionales del Departamento de Justicia.
Su gestión será seguida de cerca por ambos partidos en un momento en que el papel de la justicia federal se ha convertido en uno de los principales campos de disputa política en Estados Unidos.
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