
Un jurado del estado de Maine otorgó diecisiete millones de dólares a una mujer que sufrió una severa negligencia médica.
La paciente acudió al centro sanitario para someterse a una cirugía programada destinada a extraerle un quiste ovárico pequeño. Sin embargo la profesional a cargo del procedimiento cometió un error devastador al retirarle equivocadamente un órgano vital sano. La víctima identificada como Emily Mitchell presentó fatales secuelas irreversibles que afectaron gravemente su salud física permanente.
Tras la fatídica intervención ginecológica la afectada debió ser trasladada con urgencia hacia otro hospital especializado estatal. Los profesionales descubrieron con asombro que la vejiga de la paciente había sido extraída por completo por equivocación.
Durante varios meses la mujer dependió de tubos externos para lograr drenar la orina desde sus órganos renales. Finalmente un equipo médico en Massachusetts logró construir una neovejiga funcional utilizando parte de su propio tejido intestinal.
El tribunal superior del condado responsabilizó civilmente al centro médico por las múltiples fallas cometidas durante la operación fallida. La cuantiosa indemnización económica cubrirá los futuros tratamientos indispensables que la víctima requerirá de por vida para sobrevivir dignamente.
Casualmente el establecimiento donde ocurrió la terrible tragedia cerró sus puertas definitivamente aduciendo severos problemas financieros operativos. El histórico monto fue catalogado por los especialistas legales como la cifra más alta registrada en la región. La abogada defensora declaró ante la prensa local que el veredicto aporta la tranquilidad esperada por la familia afectada.
A pesar de la compleja reconstrucción quirúrgica exitosa la paciente debe realizarse cateterismos diarios para poder vaciar su organismo. Este indignante caso de mala praxis médica conmocionó profundamente a los ciudadanos residentes en el estado de Maine.
Diversas asociaciones de pacientes exigen mayores controles disciplinarios sobre los médicos para prevenir futuros descuidos en las salas de operaciones. La comunidad médica internacional observa con honda preocupación las consecuencias desastrosas provocadas por la absoluta falta de atención. La histórica resolución judicial sienta un precedente fundamental en el país para la defensa efectiva de los derechos sanitarios.
