
Las políticas de seguridad implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han comenzado a trascender las fronteras de su país y a convertirse en una referencia para diversos gobiernos y dirigentes políticos de América Latina. La combinación de una estrategia de combate frontal contra el crimen organizado, la construcción de grandes centros penitenciarios y un discurso centrado en el restablecimiento del orden público ha despertado interés en una región marcada por el incremento de la violencia.
Uno de los casos más recientes es el de Colombia. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, construyó su campaña sobre dos ejes principales: una política de seguridad de mano dura y un plan de crecimiento económico acelerado. Entre sus propuestas figuran la militarización de determinadas zonas del país y la construcción de diez cárceles de máxima seguridad, una iniciativa que guarda similitudes con el modelo desarrollado por Bukele en El Salvador.
Además de las medidas de seguridad, De la Espriella ha planteado una agenda que incluye un fuerte impulso a la innovación tecnológica y al uso de la inteligencia artificial como herramienta para modernizar la gestión pública.
La influencia del modelo salvadoreño también alcanzó a Chile. El 30 de enero de 2026, el presidente electo José Antonio Kast visitó San Salvador, donde fue recibido por Nayib Bukele.
Durante su visita recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la emblemática mega cárcel construida por el Gobierno salvadoreño, y manifestó su interés en fortalecer la cooperación bilateral para mejorar el sistema penitenciario chileno y enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado.
Argentina también ha dado pasos para estrechar su cooperación con El Salvador en materia de seguridad.
La firma de un Tratado de Asistencia en Seguridad entre ambos países contempla programas de capacitación para fuerzas federales argentinas en áreas como intervención rápida, gestión penitenciaria y combate al crimen organizado, consolidando una relación que diversos analistas interpretan como un acercamiento al modelo impulsado por Bukele.
En Perú, Keiko Fujimori ha manifestado su intención de construir cuatro nuevos establecimientos penitenciarios y un mega penal para internos de alta peligrosidad, tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador.
En Ecuador, uno de los países más golpeados por la expansión del narcotráfico y la violencia criminal en los últimos años, también han surgido propuestas inspiradas en las políticas de seguridad aplicadas por el Gobierno salvadoreño. Diversos sectores consideran que la experiencia de Bukele representa un modelo eficaz para enfrentar a las organizaciones delictivas.
Costa Rica tampoco ha quedado al margen del debate regional sobre seguridad. El aumento de los índices de violencia ha incrementado la presión ciudadana para adoptar medidas más contundentes contra el crimen organizado.
En ese contexto, la presidenta Laura Fernández ha expresado su disposición a impulsar reformas que, según distintos analistas, siguen una línea similar a la desarrollada por el Gobierno de El Salvador.
Más allá de las diferencias políticas e institucionales entre los países de la región, el llamado «modelo Bukele» se ha convertido en un punto de referencia para dirigentes que buscan responder a la creciente preocupación social por la inseguridad.
Con este nivel de influencia, Bukele ha dejado de ser solo el presidente de El Salvador para convertirse en un referente para otros gobernantes, presionados por una opinión pública que les exige algo más que discursos: acciones concretas para enfrentar y resolver los problemas de violencia.
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