
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a dos reconocidos pastores mexicanos cuando viajaban hacia un importante retiro espiritual. La pareja integrada por Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero transitaba tranquilamente cerca del aeropuerto de McAllen en Texas.
El matrimonio se dirigía a un evento organizado por la emblemática Asociación Evangelista de Billy Graham cuando ocurrió el arresto migratorio. Los religiosos han servido por más de una década en la iglesia Comunidad Cristiana Emmanuel bajo visas religiosas completamente vigentes. La detención causó indignación inmediata entre los feligreses que reconocen la trayectoria de servicio de la pareja evangélica en la zona.
Diversas organizaciones religiosas denunciaron que los oficiales forzaron a los esposos a firmar documentos de salida voluntaria bajo amenazas directas. Los agentes habrían amenazado con separar permanentemente a los religiosos de sus tres hijos menores, quienes poseen la ciudadanía estadounidense.
Representantes de la Red Nacional Latino Cristiana calificaron de profundamente perturbadoras las tácticas de coerción empleadas durante el operativo migratorio. Los líderes evangélicos exigieron el respeto inmediato al debido proceso legal y la inmediata liberación de la pareja de ministros. El superintendente eclesiástico pidió públicamente a las autoridades migratorias actuar con compasión humana frente a esta preocupante crisis familiar.
Varios colectivos cristianos iniciaron rápidamente una recolección masiva de firmas ciudadanas para exigir la pronta reagrupación de la familia. Actualmente ambos pastores permanecen detenidos bajo la custodia directa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en instalaciones federales.
Este violento operativo ocurre mientras el gobierno impulsa medidas restrictivas para arrestar migrantes indocumentados dentro de espacios religiosos. Las detenciones han alcanzado niveles récord con miles de arrestos diarios durante la actual administración del presidente Donald Trump. Las comunidades locales mantienen la exigencia de justicia social mientras aguardan respuestas oficiales sobre la situación jurídica del matrimonio. El caso de los pastores refleja la creciente tensión que enfrentan miles de familias en las zonas de frontera sur.
