Centroamérica se planta contra Ortega y su plan para poner fin a las elecciones en Nicaragua
Daniel Ortega desató una fuerte reacción internacional tras anunciar que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones.
La decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de asegurar públicamente que en el país «no volverá a haber elecciones» provocó una de las mayores reacciones diplomáticas de los últimos años en Centroamérica y el Caribe. Gobiernos de la región, junto con organismos internacionales, condenaron el anuncio y advirtieron sobre un nuevo avance del régimen hacia la consolidación de un sistema sin alternancia política.
Las declaraciones fueron realizadas durante el acto por el 47° aniversario de la Revolución Sandinista, donde Ortega afirmó que no permitirá nuevos procesos electorales que posibiliten el regreso de la oposición al poder. Aunque posteriormente el oficialismo intentó matizar sus palabras, el mensaje fue interpretado como un paso más en la profundización del modelo autoritario que gobierna el país desde hace casi dos décadas.
Panamá retiró a su embajador y elevó la presión diplomática
La respuesta más contundente llegó desde Panamá, cuyo Gobierno convocó a consultas a su embajador en Managua y calificó la decisión de Ortega como «un fuerte agravio a los principios democráticos».
La Cancillería panameña recordó que el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad y reafirmó que las elecciones libres, periódicas y competitivas son una condición indispensable para cualquier democracia.
Como respuesta, el Gobierno nicaragüense acusó a Panamá de vulnerar su soberanía y rechazó cualquier tipo de cuestionamiento externo.
Costa Rica, Guatemala y República Dominicana también condenaron el anuncio
Costa Rica expresó su «profunda preocupación» por el cierre sistemático de los espacios democráticos y reiteró que nunca reconoció las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 2021 por considerar que carecieron de garantías.
Guatemala calificó las declaraciones de Ortega como una violación de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. El presidente Bernardo Arévalo, uno de los mandatarios más críticos del régimen sandinista, volvió a reclamar el respeto de las libertades políticas y del sufragio universal.
República Dominicana también rechazó enérgicamente el anuncio y sostuvo que ningún gobierno puede privar a su población del derecho de elegir libremente a sus autoridades mediante elecciones auténticas y competitivas.
La OEA y la ONU advierten sobre el deterioro democrático
Las críticas también llegaron desde organismos internacionales.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, afirmó que el régimen nicaragüense dejó de mantener incluso la apariencia de una democracia.
En la misma línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que el Gobierno continúa restringiendo las libertades civiles y políticas mientras profundiza la persecución contra opositores y organizaciones independientes.
El oficialismo intenta aclarar las palabras de Ortega
Frente a la creciente presión internacional, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sostuvo que Nicaragua sí celebrará elecciones, aunque bajo un nuevo marco constitucional.
Según explicó, la reforma buscará impedir la participación de partidos y dirigentes considerados por el oficialismo como «golpistas», «traidores a la patria» o vinculados con financiamiento extranjero.
La Asamblea Nacional, completamente controlada por el sandinismo, ya comenzó a trabajar en las modificaciones constitucionales necesarias para implementar ese nuevo esquema político.
Un régimen cada vez más cuestionado
Daniel Ortega permanece en el poder desde 2007 y, tras la reforma constitucional aprobada este año, comparte formalmente la Presidencia con su esposa, Rosario Murillo, designada como copresidenta.
Durante los últimos años, organismos internacionales han denunciado detenciones de opositores, cierre de medios de comunicación, cancelación de organizaciones civiles, expulsión de religiosos y eliminación de la competencia electoral.
Las últimas elecciones presidenciales fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional luego de que los principales dirigentes opositores fueran encarcelados o impedidos de participar.
Con el anuncio de eliminar futuras elecciones y la intención de reformar nuevamente la Constitución, Nicaragua enfrenta un creciente aislamiento diplomático mientras aumenta la preocupación regional por el futuro de la democracia en el país.
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